El veto parental
IMAGINO que los que llevamos a nuestros hijos e hijas a un colegio público estamos dándole vueltas al debate en torno al famoso pin o veto parental. Lo primero que lamentamos es que se esté utilizando políticamente un asunto que afecta a la educación de nuestros retoños; es decir, que salga de la esfera educativa y de la de aquellos a quienes concierne (los menores, sus progenitores y sus profesores), y esté siendo acaparado por políticos de uno y otro bando. Como suele ocurrir, se tiende a ignorar la opinión de los claustros de profesorado, así como de las asociaciones de madres y padres. Y se llega a extremos como que una ministra diga que los menores no pertenecen a los padres (masculino genérico inclusivo y no discriminatorio), o se proponga aplicar el artículo 155 en comunidades que persistan en el veto.
Menos lesivo sería debatir el asunto con progenitores y profesores. Las familias, de forma mayoritaria, lo que deseamos es participar en la educación de nuestros vástagos mientras son menores; optando, a modo de ejemplo, por darles la posibilidad de escoger la asignatura de religión o la de valores. Urge que los padres confiemos en los docentes, en su formación, y en su profesionalidad, a la hora de implantar contenidos curriculares tanto en las materias oficiales como en las actividades complementarias. No sólo hemos de ampararnos en la pericia de los equipos docentes, sino también en la responsabilidad de las asociaciones de madres y padres que nos representan, así como en el buen hacer de los equipos directivos de los centros escolares.
El hecho de que se hayan denunciado ciertas actividades con contenidos sexuales inapropiados para menores, no conlleva que cuestionemos de forma generalizada los claustros docentes ni los consejos escolares. Tampoco se puede hacer extensiva al resto de España el adoctrinamiento de comunidades como la catalana (ahí sí se restringen las libertades y la elección de familias y profesores). Hemos de confiar en la ética, en el conocimiento y en la profesionalidad de nuestros docentes; porque, de no ser así, mal vamos. No parece que deban ser los políticos ni las familias quienes cuestionen las labores formativas, sino los maestros. Porque los políticos corren el riesgo de dejarse llevar por sus ideologías, y los progenitores quizá no tengamos suficientes datos para justificar nuestras críticas.
A modo de ejemplo, muchos de los que hemos optado por elegir con nuestros hijos la materia de religión, celebramos las actividades versadas en reivindicaciones de género y orientadas hacia aquellos otros aspectos que promuevan o fomenten la tolerancia para con los demás. Cuanto más variados sean los conocimientos que los profesores puedan trasladar a nuestros pequeños, mayor conciencia tendrán éstos a la hora de cumplir sus deberes y reclamar sus derechos como ciudadanos en Murcia, en Cataluña, o donde sea.
www.josemanuelestevezsaa.com