Xaquín Álvarez Corbacho: "No debería haber municipios de menos de 10.000 habitantes"

Por Luis Pousa. Xaquín Álvarez Corbacho (O Grove, 1942; casado: tres hijas; catedrátrico de Economía Aplicada de la Universidade de A Coruña; ex conselleiro del Consello de Contas de Galicia) es un gran experto en economía pública que ha estudiado a fondo la situación interna los ayuntamientos gallegos desde las perspectiva fiscal.

¿La desaparición del impuesto sobre el patrimonio y del impuestos sobre sucesiones y donaciones se nota más en tiempo de crisis?

Desde una visión neoliberal, se pretende evitar una serie de impuestos sobre la actividad productiva. En algunas cosas tienen razón, pues son desincentivos. Pero no en lo que afecta a la equidad. El mínimo de la renta del trabajo está en el 24 y llega hasta el 43 %; en cambio, las plusvalías están gravadas a un tipo único del 18%. ¡Que el trabajo esté más gravado que la especulación en Bolsa o en el negocio inmobiliario, y se nos diga que es para que no se vaya el ahorro! Donde se generan las grandes diferencias es sobre todo en el impuesto sobre sociedades. Antes las diferencias eran en millones de pesetas, ahora son en millones de euros.

¿Esas enormes diferencias destruyen el equilibrio social?

Cabe preguntarse qué organización social tenemos que permite a unas personas conseguir miles de millones de euros y estar desfiscalizándose, sea por elusión fiscal -evasión a través de los paraísos fiscales-, sea por una minoración de los tipos impositivos en las plusvalías. Así es imposible construir lo común, y las sociedades son insoportables.

¿Por qué multimillonarios como Bill Gates o Warren Buffet se han manifestado públicamente en contra de la desaparición del impuesto sobre sucesiones?

Muchos ricos norteamericanos, no todos, eran filántropos y dejaban parte de sus herencias para construir hospitales, asilos, colegios. Hoy eso apenas existe. La cuestión fundamental del impuesto sobre patrimonio y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, es que, junto con el de la renta, forman el triángulo básico del concepto de renta.

¿Desde el aspecto fiscal, qué es la renta?

La renta se define como el consumo que una persona ha realizado en el ejercicio, más la diferencia entre el patrimonio que tenía al principio del ejercicio y el patrimonio que tenía al final del ejercicio. Si gasta todo en consumo, el patrimonio es igual al consumo, si no gasta todo en consumo, le queda un ahorro, que es un patrimonio líquido. Esta concepción de los norteamericanos Haig y Simons, requiere dos impuestos adicionales: el de herencias y donaciones y el del patrimonio. Si dos personas reciben los mismos ingresos salariales, pero una de ellas tiene un patrimonio adicional, es obvio que la capacidad económica de esas dos personas no es la misma. Por tanto, el impuesto sobre patrimonio grava la acumulación de activos que uno pueda tener, menos los pasivos (las deudas), en un momento determinado.

¿Por qué es tan baja la recaudación por el impuesto de patrimonio?

Porque es más un impuesto para controlar que para recaudar. Proporciona información al impuesto sobre la renta. Lo mismo pasa con el impuesto de sucesiones y donaciones: permite saber qué incrementos patrimoniales ha recibido cada persona en un tiempo determinado, y si ese incremento patrimonial está justificado. Son impuestos claves para tener información fiscal del contribuyente, y por eso son odiados por los poderosos. Introducen justicia fiscal.

¿En sucesiones y donaciones el montante de la recaudación era importante para Galicia?

Sí, hablamos de casi doscientos millones de euros. En el caso del impuesto sobre patrimonio la recaudación era pequeña.

¿La mayor caída de los ingresos fiscales por la crisis, a qué impuestos está afectando más?

Al impuesto sobre la renta y al impuesto sobre el consumo. En el IVA está afectando de una forma particular. Me explico. Si en 2008 se decía que el consumo había bajado un 6% y el IVA había bajado un 40% en la recaudación, dado que el IVA grava el consumo cómo era posible que la recaudación por IVA hubiese caído un 40%. Conclusión: el fraude del IVA era tremendo; y es tremendo. En buena medida, la crisis se soporta en España por la familia y por la economía sumergida. Los ingresos de las comunidades bajaron porque bajaron sus ingresos fiscales propios y bajaron las transferencias del Estado al caer la recaudación de IRPF e IVA.

¿Se puede ir a un nuevo aumento de la corresponsabilidad?

En el impuestos sobre la renta la corresponsabilidad fiscal ya está al 50%, y las comunidades tienen capacidad para hacer una tarifa completamente nueva sobre ese 50%. Madrid y Valencia la hicieron, pero disminuyéndola. Y esto plantea lo siguiente: ¿si tú disminuyes tus ingresos, luego le pides a los demás que te aporten el dinero que te hace falta? En el caso de Cataluña y Madrid, la corresponsabilidad fiscal del 50% prácticamente le permite financiarse en su totalidad.

¿El nuevo modelo afecta negativamente a Galicia?

En el nuevo modelo hay un montón de incertidumbres. El Fondo de Garantía es un mecanismo de racionaliddad que mejoró la situación, al estar en él las tres competencias fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales. Por ejemplo, en sanidad se tiene en cuenta la curva del ciclo vital, pues a partir de los 60 años el gasto se mutiplica por tres. El Fondo de Garantía tiene en cuenta para cada comunidad autónoma la población menor de cinco años, una fase intermedia hasta los 20, luego de 20 a 60, de 60 hasta 80, y de 80 en adelante. Eso permite que todas las comunidades reciban la misma cantidad en euros per cápita, pero ajustada a cada tramo de población. El gasto sanitario se ajusta muy bien al doble criterio del número de habitantes y la edad. Si tienes mucha población envejecida, que es lo que le pasa a Galicia, el gasto sanitario se dispara.

¿El gasto farmacéutico pesa mucho sobre el gasto sanitario?

Hay que tener en cuenta que la farmacia y las nuevas tecnologías médicas requieren mucha investigación. Los productos de alta investigación son caros porque la incorporan. Además de la investigación, en la farmacia aparecen de vez en cuando un montón de fármacos cuya mejora de la capacidad terapéutica es nula, aunque los pongan en cajas distintas con muchos colores. En todo caso, la sanidad es un bien superior, lo que hace que las demandas de mejores servicios vayan siendo cada vez más exigentes.

¿La propuesta de la Xunta de reducir el catálogo de medicamentos financiados por el Sergas afectará a la calidad de la atención sanitaria?

No tengo una idea bien formada sobre eso, y prefiero estudiarlo más a fondo antes de opinar.

¿Está de acuerdo en ampliar a diez años la devolución de las cantidades anticipadas por la Hacienda central?

La liquidación de los anticipos sobre la recaudación era a dos años, porque liquidar un impuesto como el de la renta lleva su tiempo. Cuando la situación es normal, la evaluación técnica sobre el crecimiento del IVA o del IRPF puede oscilar en una cantidad pequeña, y los ajustes en más o en menos son asumibles. En el 2009, la estimación del Estado fue defectuosa. Consciente de eso, el Estado le ha dado a las comunidades autónomas un año de carencia y cinco para devolverlo. El Estado, para adelantarle ese dinero a las autonomías, tuvo que endeudarse y ha de devolverlo. Soy contrario a que el Estado les amplíe el plazo a diez años para hacer la devolución, porque no es razonable. Además de endeudarse por ellas, está pagando por ellas los intereses de esa deuda.

Según sus cálculos, la deuda de Galicia se disparará en los próximos años.

Esos cálculos no se refieren sólo a la deuda financiera, toman tres tipos de deuda. La deuda financiera se duplicará al final de 2012, lo que coincide con el final del mandato de Feijóo en la Xunta, como consecuencia de compensar el descenso de los ingresos impositivos. Pero aparte de eso está la deuda con el Estado por los anticipos y la deuda por los contratos de colaboración público-privada. A diciembre de 2008, el importe de la deuda financiera era 3.894 millones de euros, y la comunidad pagaba de intereses anuales 156 millones. Al finalizar 2012, la deuda financiera estará en torno a los 7.000 millones y el pago de los intereses, en 300 millones. La deuda por los anticipos del Estado es de 2.500 millones, y la deuda público privada estará en torno a 5.000 millones. Eso suma cerca de 15.000 millones de euros a partir de 2012, y representa el 26% del PIB de Galicia.

¿Privatizar algunos servicios tiene un coste muy elevado para el erario público?

Sí. La Autopista del Atlántico fue privatizada en 2002 y se la llevó Sacyr-Vallehermoso; a los seis años Sacyr decidió vendérsela a Citibank, y ganó 1.600 millones de euros. Una infraestructura esencial para Galicia, vetebradora de su territorio, no debería ser tratada como un negocio especulativo, sino responder a los interés generales. El problema es que los contratos de colaboración público-privada, caso del contrato del nuevo hospital de Vigo, no apareceren en los presupuestos de la comunidad autónoma hasta que ésta los recepcione. Entonces, en el capítulo II aparecerá el canon a pagarle a la empresa, que incluye la carga financiera con el banco, las amortizaciones y los intereses. Eso es una desregulación del gasto público que escapa al control parlamentario. Entre los 300 millones a pagar por los intereses de la deuda financiera, más la devolución anual 500 millones al Estado, y el pago de 200 millones por los cánones de las autopistas y los hospitales de Vigo y Pontevedra, la Xunta pagará 1.000 millones al año durante cinco años, y esa cantidad representa el 10% del presupuesto autonómico. No es una broma. Cuando termine de devolver los anticipos al Estado, aún le quedarán 500 millones anuales por abonar intereses de la deuda y cánones.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de los municipios gallegos?

La situación está mal. Sobran municipios y ese problema no se afronta, porque dicen que es muy costoso políticamente, pero de alguna manera hay que afrontarlo, pues también es costosísimo mantener la situación actual. Hay que fusionar municipios. En Galicia tenemos en torno a quince o diecisiete municipios menores de 1.000 habitantes; en Castilla y León hay casi 1.000 municipios por debajo de los 1.000 habitantes. ¿Qué pueden gestionar esos municipios y qué puedes exigirle, si no pueden llevar la mayoría de las competencias que tienen asignadas? Se trata de estructuras del siglo XIX para cuando la población gallega vivía en el campo. Ahora estamos en un modelo de concentración de la población en las ciudades, y hay que hacer lo que hicieron otros países europeos, fijar el número de habitantes exigibles para ser un municipio.

¿En cuántos habitantes ha de estar ese mínimo?

Diez mil debe ser el mínimo. Los países nórdicos pusieron 10.000; en Gran Bretaña, un poco menos. Hay que tener una mínima máxima crítica para que con sus impuestos se puedan gestionar la mayor parte de los servicios locales. El coste de varios servicios puede minimizarse si se aumenta la población hasta un determinado nivel. Y también hay que clarificar las competencias municipales.

¿Cómo?

Con una nueva ley de bases que señale las competencias municipales, y acabar con los llamados gastos impropios y que nadie, a partir de ahí, se exceda. Porque de lo contrario esto seguirá siendo un pozo sin fondo. Los recursos de los municipios no son infinitos y hay cosas que tendrá que hacer otra administración o delegar las competencias con sus recursos en los municipios.

¿Estructuralmente, el peso del gasto corriente en los municipios es muy fuerte?

Los gastos de funcionamiento ordinario están en torno al 80%. En Galicia, se generó un paternalismo de las diputaciones y de la Xunta para proteger a los ayuntamientos, sobre todos a los que son de su mismo partido, que convierte a los municipios en unos eslabones marginales de carácter electoral. Es terrible. Nuestros impuestos no deberían estar para hacer políticas partidarias. Las transferencias y las subvenciones tienen que ser siempre transparentes y cuantificables. Eso lo que hizo fue minorar la fiscalidad, y creó una resistencia psicológica de tipo social a pagar los impuestos municipales. La comunidad autónoma distribuye entre los municipios gallegos más de 400 millones de euros todos los años, algo menos de los cerca de 500 millones que también les da el Estado.