La Xunta estudia la supresión del DOG en papel para reducir gastos
La última licitación de la impresión y la distribución se cifró en 2,9 millones de euros ·· El nuevo Gobierno ha prorrogado la adjudicación tan solo por un periodo de seis meses ·· Los boletines de otras comunidades y el BOE ya se consultan tan solo desde el ordenador
Núñez Feijóo basó parte de su campaña en minar al anterior gobierno con acusaciones de despilfarro y ahora que se ha instalado en Monte Pío ha convertido el ahorro y los recortes presupuestarios en la máxima que preside los despachos de los conselleiros en San Caetano.
Ese afán de hormiga vencedora llega ahora también a la publicación oficial del Gobierno, el Diario Oficial de Galicia que de lunes a viernes certifica la actividad del Ejecutivo y la convierte en ordenes, decretos y leyes que deben esperar a salir de la imprenta para entrar en vigor.
Con el mismo ánimo que los han hecho otras comunidades y desde el 1 de enero de este mismo año la principal publicación del país, el Boletín Oficial del Estado, la Consellería de Presidencia ya se plantea eliminar la edición impresa del DOG, que se quedaría tan solo con la edición electrónica que ya se puede consultar en Internet.
La medida supondría un notable ahorro para el Gobierno gallego, que en 2007 licitó la impresión y distribución del DOGA por un importe de 2.998.000 euros para un periodo de tres anualidades. Tras su llegada al Gobierno los populares no han vuelto a renovar el concurso ni la concesión y se han limitado a prorrogar tan solo por un periodo de seis meses el servicio al actual adjudicatario.
Para editar y distribuir la versión impresa del DOGA, el Gobierno ha recurrido siempre a la externalización de los trabajos ya que la Xunta, que cuenta en su organigrama con un servicio de publicaciones, no dispone si embargo de un centro propio de edición para hacerse cargo de la impresión del Diario Oficial de Galicia, que desde 1978 se ha encargado, a través de concurso, a grupos editoriales privados.
Antes que la comunidad gallega ya han dado ese mismo paso hacia el futuro otras autonomías. Cataluña, País Vasco, Valencia, Asturias, Extremadura, Baleares, La Rioja, Murcia, Navarra y Ceuta ya han suprimido las ediciones impresas de sus respectivos diarios oficiales.
Galicia cuenta con esas experiencias propias para poner en marcha su propio proyecto y solucionar aspectos técnicos como la autentificación de la edición digital, que deberá equiparar su validez legal a la de la que va camino de convertirse en su predecesora. Pero a los detalles técnicos la Consellería de Presidencia tendrá que añadir la consideración de 800 fieles suscriptores de la edición impresa que siguen prefiriendo el tacto de las páginas para consultar a diario las convocatorias y normas que emanan del Gobierno.
Otro de los aspectos que pueden complicar el proyecto de la consellería que dirige Alfonso Rueda son las dificultades que existen en alguno de los múltiples puntos, en los que se incluyen numerosas instituciones y también particulares, a los que llega la publicación para establecer los accesos a Internet que deberán garantizar la sustitución del papel por el ordenador.
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