Amicos insertó laboralmente en un año a 311 personas con discapacidad
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) difundió las cifras de contratación relativas a 2022. Mientras que en el último año la contratación de la población general en Galicia experimentó un descenso del 7 % con respecto a 2021 (debido principalmente a la caída de contratos temporales y formativos tras la última reforma laboral) y se sitúa aún un 21 % por debajo de tiempos prepandemia (2019), la contratación de personas con discapacidad arrojó datos muy positivos. Con un crecimiento interanual del 10 % en la comunidad, se sitúa ya un 14 % por encima del año 2019 y alcanza una cifra récord en cuanto a la serie histórica.
En concreto, en 2022 las personas con discapacidad suscribieron 6.580 contratos en Galicia, frente a los 5.994 de 2021 y los 5.767 de 2019.
Si echamos la vista más atrás, observamos que el número de contrataciones aumentó en más de 4.000 personas respecto a hace una década, cuando se situaba en 2.428.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco (entidad sin ánimo de lucro que ayuda a las personas que tienen complicado el acceso al mercado laboral), “esta cifra tan positiva que nos deja el balance de 2022 responde a los muchos esfuerzos que se están llevando a cabo en materia de diversidad, equidad e inclusión en los últimos años. Estrategias fundamentales para lograr sociedades más inclusivas, pero también para construir compañías más competitivas, en las que haya espacios y oportunidades para todos”.
Y, si hay una entidad que viene trabajando en esa línea desde hace años en la comarca del Barbanza y que, en consecuencia, contribuye a impulsar la inserción laboral en el ámbito de la discapacidad, esa es la asociación Amicos, de Ribeira.
A través de sus distintas acciones formativas, este colectivo logró el año pasado un total de 301 inserciones laborales. Fueron 1.030 las personas atendidas en su área de Empleo. El número de intervenciones que llevaron a cabo fue de 4.093.
En las 50 acciones formativas de Amicos (un total de 4.873 horas) participaron 944 personas. Ese medio centenar de acciones de capacitación profesional se impartieron en base a tres ejes fundamentales.
En primer lugar, la FP Dual para personas con discapacidad intelectual, que se llevó a cabo durante los últimos tres años. En segundo lugar, la formación que realiza de carácter medioambiental y vinculada a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para que las personas con discapacidad lideren el cambio.
Y, en tercer lugar, como centro de formación acreditado, las AFD (Acciones Formativas para Desempleados) en Atencion Sociosanitaria, con el que Amicos forma a las personas que pasarán a cuidar y a apoyar a las personas con discapacidad.
También la asociación de personas con diversidad funcional Ambar trabaja en el Barbanza por la formación y la inserción laboral de dicho colectivo. En 2022 logró la inserción de cinco demandantes de su Servizo de Orientación: una con un obradoiro de peón forestal; una para almacén de taller; una para mantenimiento y obras del Concello de Ribeira; una para industria manufacturera; y una para logística de una empresa de refrigeración naval.
Director general de la Fundación Adecco
En opinión del presidente de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, “se cumplen las optimistas previsiones que situaban a 2022 como el año con la cifra récord de contratación de personas con discapacidad, coincidiendo además con el cuarenta aniversario de la Ley General de Discapacidad, que supuso la primera normativa sobre inclusión laboral de personas con discapacidad”.
Al respecto, Mesonero señala que “aunque estamos en el camino correcto, todavía quedan muchos otros éxitos por alcanzar. Por un lado, mantener esta tendencia positiva en las cifras de contrataciones en los próximos años, para que no sea un simple espejismo por la esperada recuperación tras el parón que supuso la pandemia del covid; y por otro, tratar de que se vea reflejada en parámetros que aún evidencian una importante desigualdad”.
LA LEY General de Discapacidad (LGD) es una normativa de ámbito nacional cuyo cumplimiento es obligatorio para aquellas empresas con más de 50 trabajadores. Gracias a ella, pero, sobre todo, gracias a la incansable lucha de las asociaciones que velan por sus derechos, las personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional se van abriendo paso en el mercado laboral cada vez con menos obstáculos. Con todo, es preciso actualizar las políticas activas de empleo y mejorar la colaboración público-privada en pro de la inserción laboral de ese colectivo. Se puede hacer más, claro que sí. Y especialmente las administraciones públicas. Ya van siendo horas de cambiar el chip y pasar de apoyar a liderar proyectos en esa dirección.