Alcoa alega "pérdidas severas y recurrentes" para rechazar la paralización del ERE

La representación legal de la multinacional Alcoa ha apelado a la existencia de "pérdidas severas y recurrentes" para rechazar las medidas cautelares planteadas por los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT, junto al comité de empresa de la fábrica de Cervo (Lugo), para paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) para 524 trabajadores e impedir que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrolisis.

En su intervención, ante los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el abogado de la parte demandada -- Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L-- ha cifrado en 170 millones las pérdidas en los últimos tres años, incluidas las del actual ejercicio, que ha cifrado en 58 millones. "En las que no está incluido el impacto de la huelga", ha precisado sobre las protestas de los trabajadores.

"Hay una causa estructural", ha dicho para justificar el despido colectivo, del que ha rechazado que obedezca a un "capricho". "No se puede obligar a Alcoa a vender sí o sí", ha añadido sobre el interés de Liberty House, cuyas exigencias para la compra ha cuestionado.

"Es razonable lo que se pide", ha expuesto sobre las medidas cautelares el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Industria, quien sobre la posibilidad de rearranque de las cubas --defendida por Alcoa-- ha puesto en duda que pueda producirse "con la misma calidad o el mismo nivel productivo". "Un simple trágala por parte de la empresa a los representantes de los trabajadores", ha añadido el letrado de la Xunta sobre las negociaciones.

SOLUCIÓN PACTADA

El Ministerio de Industria ha descartado este miércoles la posibilidad de intervenir Alcoa en el sentido de “expropiación o nacionalización” y ha ofrecido su “mano tendida” a los trabajadores y a la multinacional para lograr una “solución pactada y negociada” al conflicto que favorezca a todas las partes.

El abogado del Estado que interviene en representación del Ministerio de Industria en el proceso judicial sobre la solicitud de medidas cautelares ante el ERE en Alcoa San Cibrao (Lugo) ha defendido su papel de “mediador cualificado” en la venta de la multinacional del aluminio y “garantía a las partes” en el proceso.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acoge la audiencia sobre esta solicitud de cautelares, en la que figuran como demandantes tres sindicatos (CCOO, UGT y CIG), mientras que Xunta y Gobierno central intervienen como partes interesadas.

Sobre el objeto de la vista, el abogado de Industria se ha mostrado partidario de que la multinacional del aluminio se abstenga de proceder a la hibernación de las máquinas y al despido de los trabajadores hasta que haya sentencia sobre el procedimiento del despido colectivo.

Así, ello no supondría una “injerencia” en la intervención de la empresa y la medida sería “menos invasiva cuanto antes se resuelva en relación con el fondo del despido”; además, ha abundado, permite “continuar las negociaciones a fin de lograr una solución satisfactoria para las partes”.

De ahí que se haya posicionado en contra de la intervención judicial por la SEPI porque sería una medida “intrusiva” y porque “supone un cambio de administración”.

“Es cierto que el término de intervención puede ser utilizado en otros contextos como sinónimo de expropiación o nacionalización” -como se ha pedido desde distintas instancias-, pero estas son “opciones que no se están poniendo aquí encima de la mesa y no son objeto de este procedimiento”, ha aclarado el letrado tras las críticas de Alcoa por la posición de Gobierno y Xunta para que vendiera la planta y que, ha avisado, atenta contra el derecho a la propiedad privada y libertad de empresa.

El abogado del Estado ha aclarado que no representa en esta audiencia a la SEPI, que no ha sido citada en el proceso, porque es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración General del Estado, por lo que no considera adecuado adoptar una medida “de este calibre sin oírla previamente”.

Además, ha argumentado, es el orden civil y no el social el competente para conocer sobre cuestiones de titularidad de la fábrica, que no se discute en este proceso y “no parece proporcionado” un cambio de administración por un tiempo tan “breve” -desde que eventualmente se ejecuten los despidos y la sentencia-, por lo que ha coincidido en este aspecto con la multinacional del aluminio.

En definitiva, Industria se decanta “plenamente” y le parece “viable” que Alcoa acate la pretensión objeto de solicitud y que sería desistir del cese temporal de los despidos y el cierre de cubas.

El letrado ha recordado el “papel de mediador” del Estado entre una partes que “aparentemente no confiaban entre sí” y su implicación “activa” en unas negociaciones incardinadas en un proceso de despido colectivo “a instancias de la propia Alcoa”.

“No es lógico que se nos niegue nuestra legitimación para la defensa de nuestros intereses”, ha abundado después de que Alcoa la cuestionara en su intervención previa, ya que ante la posibilidad de los despidos y el cierre de la planta de San Cibrao, Alcoa “estaría obligada” a devolver más de 50 millones que percibió en ayudas por costes indirectos relacionados con emisiones de CO2.

De ahí que el Ministerio, ha continuado, considere que no se trata en esta pieza de mantener sine die a 524 trabajadores a los que Alcoa ha comunicado su voluntad de despedir, sino de lo mínimo necesario imprescindible para evitar que los despidos y el cierre de cubas “no tenga consecuencias irreversibles” de cara a una eventual sentencia estimatoria del procedimiento de despido colectivo.

El abogado ha augurado que, cuando antes haya sentencia, menor impacto tendrá en los trabajadores, pues además, si se van a parar más cubas, la capacidad productiva de la empresa no será inmediata ni posible a corto plazo.

En el caso de una sentencia estimatoria, ha continuado, los trabajadores se incorporarían a una empresa que carece que instalaciones para continuar su actividad, algo que el letrado del Estado ha considerado “contrario a las reglas de la lógica”.

Sobre las advertencias de la autoridad laboral, ha dicho que no es posible entrar en esta audiencia en el examen de su acierto o no, pues existen y están documentadas, ha dicho.

Por su parte, el abogado de la Xunta ha defendido el papel de la autoridad laboral -cuestionado por Alcoa- por su “omnipresencia en el periodo de consultas” y librando advertencias a las partes, un total de diez y muy seguidas unas de otras, ha matizado.

Sobre los avisos de Alcoa acerca de comportamientos contrarios al derecho a la propiedad y libertad de empresa, el letrado de la Xunta ha exclamado “¡cómo no, libertad de empresa!”, pero existe un tercero interesado en la compra y “persiste un interés que es vigente tal cual se nos informa de ese tercero interesado”, ha afirmado en referencia a Liberty House.

A CORUÑA. AGENCIAS