Audasa vuelve a la Justicia para sortear la condena por el cobro de peajes abusivos

Audasa recurrió la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra que la condenaba por peajes abusivos, cobrados entre febrero de 2015 y junio de 2018. La concesionaria de la autopista AP-9 que cruza Galicia está obligada por el fallo, dado a conocer en febrero, a devolver las cuantías cobradas durante las 81 incidencias de tráfico registradas durante esos meses por los atascos derivados de las obras de ampliación de Rande.

El recurso de apelación muestra la petición de Audasa para que se anule la sentencia, que será revisado por la Audiencia de Pontevedra. La empresa y su equipo de abogados entienden que es la jurisdicción contenciosa-administrativa y no la civil la que cuenta con las competencias para juzgar estos hechos.

La agencia Efe tuvo acceso a ese documento de 107 páginas. Y durante gran parte del texto, la concesionaria impugna los autos previos en los que la autoridad judicial aprueba la vía civil para esta demanda (presentada en su día por la Fiscalía y por dos asociaciones de consumidores). En el recurso se considera que “bajo el presupuesto de la existencia de una práctica abusiva” se pretendió que un juzgado civil abordara cuestiones relativas a la construcción y explotación de una carretera, a su régimen regulador o al pliego de concesión, “todas cuestiones de carácter administrativo”.

A la jurisdicción civil, añaden los abogados de Audasa, “no le corresponde pronunciarse” sobre el alcance de las obras, el sistema de tarifas o el pago de los peajes “ni tampoco fijar para el futuro” la normativa que ha de regir en materia de descuentos y bonificaciones.

Según interpreta Audasa, la “supuesta” indemnización de daños y perjuicios que reclaman los usuarios supone “una alteración del régimen legal y normativo y del pliego de concesión al afectar al sistema de tarifas, por lo que el juzgado mercantil carece de capacidad”. Sin embargo, el recurso introduce otro argumento para pedir que se anule la sentencia: en el caso de que no se acepte la falta de competencias del juzgado, optar por la anulación del fallo al producirse menos incidencias de las denunciadas.

En ese sentido, frente a los 81 episodios reconocidos por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, la empresa asegura que se han producido solamente dos retenciones graves durante los tres años que duraron las obras “cuya afectación a la circulación fue mínima”. Ya durante el juicio, el abogado había recalcado que 68 de estas retenciones fueron provocadas por accidentes, incendios o coches averiados y “sólo 13 tuvieron relación con las obras”. De estos 13 casos, y siempre según Audasa, solamente en dos se alcanzó el nivel rojo de circulación difícil según las normas de la DGT. Se refiere a los registrados el día 27 del mes de octubre de 2017 y el 14 de mayo de 2018.

Los abogados de la concesionaria reclaman que “la condena debe constreñirse a esas dos retenciones graves y no al resto de las denunciadas por la Fiscalía, que son arbitrarias e ilógicas y conducen a un resultado inverosímil”. Audasa apela a impugnar la sentencia en base a cuestiones que afectarían al “fondo del asunto y que resultan perjudiciales” para sus intereses.

DIRECTRICES DE LA ADMINISTRACIÓN. La concesionaria destaca que sus obras siguieron las “normas y directrices de la administración”. Y justifica que se encontraba “obligada” a cobrar las tarifas citadas “sin descuento o reducción”, ya que el régimen jurídico de la concesión fija no tiene “capacidad alguna” para aplicar tarifas inferiores a las aprobadas o reducir voluntariamente el importe del peaje.

Como conclusión en este recurso al que pudo acceder la agencia Efe, la compañía niega tener “competencias, capacidad ni medios” para haber informado a los usuarios sobre los atascos producidos por las obras, como apuntaba el juez en su sentencia, ya que la señalización en carretera es una competencia “exclusiva” de Tráfico.