Cada mes fallecen 40 personas en Galicia en lista de espera de la Ley de Dependencia

Cuando España anunció la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida como Ley de Dependencia, y cuando entró en vigor supuso una decisión pionera. No existía este tipo de protección en muchos países y para España era la primera vez que este tipo de ayudas entraban en juego.

Sin embargo, pese a lo novedoso y positivo, sin duda, de la norma, esta se atrancó en la burocracia y, muy importante, en la falta de presupuesto para llevar a cabo todas las medidas que incluye.

Así las cosas, actualmente, cuando se cumplen 15 años de vida de esta ley, en Galicia durante este 2021, fallecieron 40,7 personas al mes en las listas de espera de dependencia en los once primeros meses del año, según los datos oficiales publicados por el Imserso a 30 de noviembre, analizados por el Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, hechos públicos este miércoles.

Son en total, 448 los fallecidos en la comunidad gallega a la espera de atención por parte de esta ley estatal este año. De ellos, 73 aún estaban pendientes de valorar por el sistema y los 375 restantes murieron en el limbo, es decir, habían sido valorados y tenían reconocida una ayuda o prestación pero aún no la recibían. Por número de fallecidos en espera, Galicia es la cuarta comunidad con menos. Tienen mejores datos La Rioja, con 400 muertos; Cantabria, 324, y Navarra, 148.

Cada día mueren 130 personas en el “laberinto burocrático” del sistema de la dependencia de toda España, esperando a recibir la respuesta de las administraciones, que tardan una media de 430 días.

PORCENTAJE GALLEGO EN ESPERA

Además, en el caso de Galicia el 6,20 % de personas están en lista de espera sobre el total de los beneficiarios, siendo de las comunidades con menor porcentaje. E Castilla y León solo está el 0,15 %; 4,09% en Navarra, y 6,15 % en Castilla-La Mancha. Donde más hay es en las comunidades de Cataluña, La Rioja y Canarias, con 31,8, 31,2 y 27,47 %, respectivamente. La media estatal está en 14,53 %. Así mismo, el 30 de noviembre pasado había 4.279 personas en Galicia en lista de espera y desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021 se incrementó un 3,52 % el número de beneficiarios en la comunidad con prestaciones, reduciendo la lista de espera en ese mismo periodo un 13,08 %.

El nacimiento de esta norma creó el actual Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que son los servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal, la protección y la atención a las personas, a través de servicios públicos y privados. La persona dependiente no lo es solo por edad avanzada sino que puede serlo por sufrir una enfermedad o un accidente que lo incapacite para algo de su vida diaria. La Ley fue presentada el 5 de marzo de 2006 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto público. El 20 de abril de 2006 fue aprobada por el Consejo de Ministros y el 30 de noviembre de 2006 aprobada de forma definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados con una amplia mayoría. Finalmente, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) n.º 299, del 15 de diciembre de 2006. Desde entonces vieron la luz varios reales decretos que la desarrollaron.

TRES GRADOS

La norma reconoce tres grados de dependencia. Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Serán atendidos con carácter preferente al resto de grados. Son las comunidades las que valoran a las personas para determinar su grado de dependencia y la prestación a la que tiene derecho.

DATOS NACIONALES

Según últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, en lo que va de año, 43.381 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia (26.212 con derecho pendientes de prestación y 17.169 pendientes de resolución de grado).

Las comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (31,8%), La Rioja (31,2%) y Canarias (27,5%); y las que menos Castilla y León (0,15%), Ceuta (3,3%) y Navarra (4,1%), explican los directores de servicios sociales. Aragón y Asturias fueron las que en mayor porcentajeredujeron su lista de espera un 36,7% y 33,7% respectivamente.

Canarias (+24,2%), Murcia (+14,1%), La Rioja (+12,5%) y Cataluña (+5,5%), a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, aumentaron la lista de espera en 2021. La burocracia en los procedimientos de toda España y el retroceso en estas últimas comunidades citadas “no van a permitir que el Gobierno cumpla con el objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque”.

Las que más subieron el número de las personas beneficiarias con prestación en lo que va de año fueron la Comunidad Valenciana (+14,38%), el Principado de Asturias (+14,24%) y la Comunidad de Madrid (13,59%). Por el contrario, en el País Vasco ni siquiera se mantuvo la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias. Y en Cantabria, el número personas con derecho se redujo en lo que va de año en un 11,5%.

RECLAMACIONES DE LOS DIRECTORES DE SERVICIOS SOCIALES

“Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia”, denuncian los expertos en un comunicado de prensa.

“El gobierno de España y los gobiernos autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia”, reclaman

El sistema se financia mediante tres fuentes. La primera es la estatal, que se divide entre las aportaciones del Imserso y las de Hacienda; la segunda, la financiación de la comunidad autónoma y la tercera, las aportaciones de los propios beneficiarios de la Ley de Dependencia, el conocido como copago.