Cerca de 320.000 personas estarían viviendo en pobreza severa en Galicia
El informe de Foessa 2021 revela que en España once millones de personas se encuentran en estado de exclusión social, seis de ellas en situación extrema // Gran impacto de la pandemia
Las consecuencias económicas provocadas por la pandemia del covid-19 está dejando un impacto muy preocupante en todos los ámbitos, con una profunda huella de importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias. El avance de resultados de la encuesta de Foessa 2021 revela que son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España, 2,5 millones más que en 2018, fecha de la anterior encuesta.
Un escalón más abajo se encuentran los ciudadanos en situación de pobreza severa, que afecta a más de 6 millones de personas, un incremento de casi 2 millones con relación a 2018.
El informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos 2021 de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) trabaja con sus propios datos nacionales, pero para analizar cómo estaría la situación en Galicia si el incremento de la pobreza fuese paralelo al estatal habría que acudir al Instituto Nacional de Estadística.
Así, tal y como indica EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza, en su 2º Informe 2021. El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje del abandono, en el año 2019 un 7,9 % de la población de la comunidad estaba en situación de pobreza severa, más concretamente 212.144 personas; una cifra que se incrementó en un solo año hasta las 253.783, un 9,4 %. Un crecimiento del 19,5 % en 2020. De esta forma, extrapolando las peores codiciones de vida, habría en Galicia casi 320.000 personas viviendo en situación de pobreza severa.
Según los últimos datos del INE en la Encuesta de Condiciones de Vida de julio de 2021, el umbral de renta para que un hogar se considere en pobreza severa son 6.417 euros al año para una familia de dos adultos y dos menores, es decir 534,7 al mes con los que subsistir.
IMV Desde que se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en junio de 2020, la evolución de las prestaciones que han sido tramitadas muestra una eficacia muy relativa tomando como referencia la provisión inicial de potenciales beneficiarios/as.
Por comunidades, Navarra (53 %) y la Ciudad Autónoma de Melilla (41 %) son las que registran mayor proporción de expedientes aprobados sobre el total de población en situación de pobreza severa, seguido de La Rioja (30 %), Ceuta (30 %), Aragón (28 %) y País Vasco (26 %). Por el contrario, en las que menos personas han accedido a esta prestación en proporción respecto de su población con menores ingresos son Baleares (12 %), Castilla La Mancha y Cataluña (13 % ambas). La media española es de casi el 19 % y en Galicia del 17 %, por debajo de la media estatal y sexta comunidad autónoma con menor promedio.
Además, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiró, reclamó en la rueda de prensa de presentación del estudio fortalecer el IMV, que solo está cobrando o se concedió al 18,6 % de los solicitantes en pobreza severa, mientras que a casi la mitad le fue denegado. “Este ingreso puede estar ayudando en niveles tan básicos como poder comer durante todo el mes o dormir más abrigados”, destacó Peiró, quien subrayó la importancia de que exista una garantía de acceso a la vivienda y a sus suministros.
En la radiografía que presentaron este miércoles alertan del “ensanchamiento del espacio de la exclusión social”, y hacen una “llamada de atención a la sociedad de que la crisis nos deja un impacto desolador y muy preocupante; esta crisis deja tras de sí una profunda huella con importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de personas y familias, cuyas consecuencias seguirán agravándose mientras continúe la pandemia y, previsiblemente, más allá”, advirtió el técnico del equipo de estudios Thomas Ubrich.
hacia una sociedad más desigual Según el informe, se aprecia un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población. Son más las familias en situación de pobreza pero también se redujeron los hogares sin problemas de exclusión, que son el 41,2 % cuando en 2018 eran el 49,3 %. Esto es, más desigualdad en la sociedad. “Se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Una fuga imparable hacia una sociedad más desigual, donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos”, dijo.
más riesgo para las familias con hijos “La pandemia ha golpeado con más fuerza a los que ya eran los perdedores”, señala el estudio, que advierte de que el grupo que más creció es el de la población que vive una situación de mayor desventaja, los que se ubican en la exclusión severa. Tener menores de edad a cargo sigue siendo una carga cuando no hay apoyos.
Las dificultades que entraña la crianza y la debilidad de los apoyos públicos a sus familias incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares: el 27 % de parejas con hijos frente al 18 % de parejas sin hijos.
“La pandemia ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante y ha cronificado una obvia posición de desventaja, el 38 % de este grupo está en espacio de exclusión y se eleva al 65 % en exclusión severa”, indicó Ubrich.
EMPLEO Y VIVIENDA, los mayores lastres Uno de cada cuatro hogares atraviesa graves dificultades en el empleo y tiene ingresos bajos e insuficientes para el acceso y mantenimiento de una vivienda y los suministros domésticos. Son los “trabajadores pobres”. El empleo no asegura la integración social. Se duplicó el número de hogares con todas las personas activas desempleadas (pasando de 5,9 % a 10,3 %) y de hogares cuya persona sustentadora principal está activa en inestabilidad laboral grave (del 4,8 % al 10,3).
Además, siguen subiendo las familias para quienes los gastos de la vivienda suponen una carga tal que, una vez realizados, se quedan en situación de pobreza. Una realidad que hoy vive el 14 % de los hogares.
María (nombre ficticio) es una gallega de 48 años que vive con dos hijos a su cargo, de 24 y 11 años. Desde agosto recibe ayuda de la Fundación Amigos de Galicia. La apoyan con alimentos y orientación laboral. “Conmigo fueron muy efectivos. Me atendieron muy pronto. Acudí a ellos a principios de agosto y entre el 15 y el 20 del mismo mes me trajeron a casa una gran carga de alimentos y de productos de higiene corporal”. Llamó para agradecerles la celeridad. En septiembre ya le indicaron que fuese ella misma al supermercado a retirar la comida. Son productos básicos para todo el mes como cacao para el desayuno, leche, aceite, pasta, arroz...
Ahora está haciendo un curso de informática para ver si en un futuro puede acceder a un trabajo. “Estoy empezando a organizarme un poco con el ordenador porque ahora todo pasa por ahí. En casa tengo uno del año catapum, pero la niña en la escuela estudia con un portátil y algo siempre me va enseñando”.
En estos momentos resulta difícil compaginar el horario del colegio de una pequeña de 11 años con un horario laboral normal. “Entre que la llevo al colegio, pongo la lavadora, hago la comida y voy a buscarla se me pasa el día”, se lamenta.
Su vida no fue fácil. Se quedó viuda muy joven con niños muy pequeños y vivió de la Risga (Renda de Inclusión Social de Galicia). Ahora que los mayores se independizaron es cuando vuelve a verse con problemas. “Yo vivo en una casa y tengo gallinas y una huertecita. Cuando mis hijos estaban en casa les hacía la comida, les lavaba la ropa... hacía todo lo que podía. Yo les ayudaba a ellos y ellos me ayudaban a mí”, dice.
Pero no quiere ser una carga constante para ellos. Y es que ahora, además de la niña, el chico de 24 años que vive con ella no tiene un trabajo fijo, solo lo hace cuando lo llaman de una empresa de trabajo temporal (ETT).
Al preguntarle cómo se ve en el futuro, recuerda que hizo un curso de ayuda en el hogar de 800 horas y lo perdió porque no sabía que había que convalidarlo en un plazo marcado de tiempo. “Era como una tarjeta sociosanitaria con la que podía trabajar en el hospital, en un geriátrico... Me encantaría tenerlo pero en Amigos de Galicia se informaron y me dijeron que no había posibilidad de recuperarlo”, se lamenta.
AMIGOS DE GALICIA El Servicio de Atención Laboral de la Fundación Amigos de Galicia atendió en 2020 a 7.137 personas e insertó a 991. En lo que va de este año ya atendió a 6.509 y logró la inserción de 1.219. En su Plan de Lucha contra la Pobreza, que cubre las necesidades básicas de familias en riesgo de exclusión, atendió el año pasado a 21.586 personas, de las que el 35,89 % eran niños. Hasta septiembre de 2021 ya llevan atendidas 16.450 personas.
También apoyan a mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia de género. En el año en que estalló la pandemia, estuvieron con 209 (89 de ellas consiguieron empleo) y en el ejercicio actual atendieron hasta ahora a 136, de las que 49 tienen trabajo. El mes pasado cubrieron las necesidades escolares de 1.245 menores.
Vigo. La reclamación de ayudas de las personas afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia no ha dejado de crecer en el Concello de Vigo en el último año y medio. Los datos más recientes, aportados por el alcalde, Abel Caballero, señalan que los auxilios han alcanzado a un total de 45.009 vigueses.
Todas las semanas la comisión de ayudas de emergencia suma nuevas reclamaciones de personas que necesitan soporte económico para todo tipo de necesidades básicas. En la reunión más reciente, del 27 de septiembre, se acordó atender a otras 122 demandas por valor de 19.231 euros.
En cada reunión mensual de la comisión de ayudas se registra una media de más de 100 peticiones que cuentan con el visto bueno de los componentes del órgano municipal.
Hasta el momento, el gobierno local de Vigo ha concedido un total de 15.003 apoyos de los que se han beneficiado más de 45.000 personas, en un suma y sigue que no para de crecer cada jornada.
Solo en el último curso escolar el Concello de Vigo concedió más de 3.000 becas de comedor, a las que se suman otras 1.200 para comprar libros y material escolar.
Una gran parte de las ayudas solicitadas y concedidas tienen por objetivo afrontar el pago de alquileres y viviendas. En distintas ocasiones Abel Caballero ha asegurado que dos de cada tres aportaciones que realiza la administración viguesa a través de los fondos de emergencia son para evitar desahucios.
Las cantidades entregadas por el concello olívico para que las familias afronten situaciones de emergencia, también abarcan cheques para comprar comida, así como para asumir el pago de suministros básicos como la luz o el agua. M.G.
Ribeira. El secretario de Cáritas de Ribeira, Manuel Mirás, destaca el “notable descenso del número de personas en situación de emergencia social a las que atendemos (unas veinte familias menos que el año pasado)”, algo que atribuye a cuatro factores. Por un lado, el ingreso mínimo vital, “cuya repercusión se nota sobre todo en las familias de etnia gitana”, dice. Por otro lado, la estratégica alianza establecida en materia de atención social entre el departamento de Servizos Sociais, Cáritas, Cruz Roja y la oenegé Ice Renovación “hace que se focalice mejor el auxilio social, optimizando recursos y evitando duplicidades”, explica Mirás.
El tercer factor que en su opinión contribuyó a aliviar la emergencia social en Ribeira es la formación, en la que se incide con varios cursos. Y el cuarto es el comedor social que gestiona dicha oenegé y financia el Concello.
Con todo, Mirás señala que “notamos un incremento en la demanda de ayuda por parte de la población inmigrante. Atendemos a más de medio centenar de familias inmigrantes, que representan el 37 % del total de demandantes. Cada vez acuden a Cáritas más personas de otros países, sobre todo de Marruecos. Muchos son jóvenes que llegan solos. Por otra parte, muchos inmigrantes que ya consolidaron su residencia aquí empiezan a traer a sus familias, por lo que algunas acuden a pedir ayudas puntuales, como para comprar un electrodoméstico o pagar recibos de luz o alquiler”, comenta.
En el primer semestre de este año, Cáritas de Ribeira destinó 6.725 € a formación; 5.130 € a alimentos; 3.642 € a pago de alquileres; 1.483 € a recibos de luz; y 1.328 € a gastos farmacéuticos. s. s.
Santiago. El Concello de Val do Dubra tiene en la actualidad sobre 3.800 personas empadronadas. Se trata de una zona envejecida, donde el crecimiento vegetativo es negativo, por lo que la mayor parte de las necesidades están vinculadas a personas mayores que viven solas o bien con su cónyuge. También entra en escena el tema de la conciliación, en referencia a los casos en los que los hijos tienen un trabajo en otro municipio y de esta manera les resulta incompatible poder prestarles atención y cuidado diario.
Las personas que tienen limitada su autonomía personal se benefician del Servicio de Ayuda en el Hogar, cada vez más demandado.
Por otra parte, y en un número muy escaso, hay familias que demandan apoyo a nivel económico, de forma puntual, que puede estar sujeta a pagos como la luz o alimentos. “A estrutura dun concello rural é diferente a un concello urbano”. A relación directa coa veciñanza perdura a día de hoxe, sempre hai veciños que teñen unha horta con todo tipo de cultivos e así aprovéitanse da economía de subsistencia”, declaran desde servicios sociales del Concello.
De esta manera, las más perjudicadas son aquellas familias que provienen de fuera y que de esta manera no tienen una red de apoyo en alguna parroquia del ayuntamiento.
Con la pandemia del covid se atendieron personas que estaban en situación de ERTE y que requerían ayudas para poder hacer frente a pagos como puede ser el alquiler. “Deuse o caso de atender a persoas que nunca antes tiveran a necesidade de solicitar recursos a nivel de servizos sociais”, señalan. Además, en estos dos años se dispararon los solicitantes del programa Xantar na casa, una iniciativa que garantiza una alimentación saludable a domicilio los siete días de la semana. l.rey
INFORME. “La familia, sostén tradicional de nuestra sociedad, se está erosionando y, de confirmarse, esta tendencia podría ser muy preocupante para el desarrollo psicoemocional de la población”, explicó Thomas Ubrich, uno de los responsables del informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos 2021, presentado este miércoles por Cáritas y la Fundación Foessa. Según la investigación llevada a cabo para este análisis, se duplicó en España desde 2018 a 2021 –teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia de la covid-19– el número de hogares cuyo clima de convivencia presenta dificultades serias. En esas familias, a los problemas del confinamiento y las restricciones de la pandemia se sumaron la reducción de ingresos, el impacto sobre su salud mental o las malas condiciones de los pisos en los que residían durante la cuarentena obligatoria. “El estrés, la ansiedad o la fatiga vital no pueden abordarse solo desde una perspectiva individual; nuestro sistema público de salud debe integrar una perspectiva de salud mental colectiva y comunitaria”, reclama Cáritas. La brecha digital en estas familias representa un nuevo motor de exclusión social y desigualdad: una realidad que afecta a un 46 % de los hogares en situación de exclusión frente al 35 % del conjunto de hogares. rosa ríos