Crece un 20 % en Galicia la contratación temporal y supera así la media estatal
En la primera mitad del año se firmaron 347.000 y casi ocho millones en el resto del país // Volvieron a niveles prepandemia
El mercado laboral empieza a retomar el pulso tras la crisis de la COVID. Así, durante la primera mitad del año se firmaron en Galicia unos 347.000 contratos temporales, un incremento del 20 % con respecto al año pasado, por encima del aumento de la media nacional. En España se rubricaron 7,7 millones de contratos de este tipo, un 17% más que en 2020, pero un 22,8% menos que en 2019.
Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en Galicia se firmaron 347.438 contratos temporales entre enero y junio. El mayor incremento, de acuerdo con el análisis realizado por la empresa Randstad, se dio en la provincia de Ourense (25,6%), por delante de Pontevedra (23%), A Coruña (17,2%) y Lugo (12,4%).
En términos absolutos, Pontevedra fue la que lideró la contratación temporal (148.434 firmas), con diez mil más que A Coruña (138.331). Lugo (32.664) y Ourense (28.009) cierran la lista.
En su informe, Randstad destaca que Cantabria (39,4%), Castilla-La Mancha (27,1%), Baleares (24%) y Comunidad Valenciana (22,6%) registraron los mayores incrementos con respecto al primer semestre de 2020. Por debajo de la media del cpaís y con los incrementos menos acusados, se sitúan Asturias (16,5%), Andalucía (13,7%), La Rioja (13,1%), la Región de Murcia (9,2%) y Extremadura (8%). La única caída de la contratación temporal con respecto al año pasado se produjo en Canarias (-3,2%).
Niveles previos a la pandemia. Además, en lo que se refiere a la contratación en el mes de junio, los volúmenes de firmas temporales en toda España (1,63 millones) volvieron a los niveles previos a la pandemia, por encima de los registros de enero (1,59) y febrero (1,42) del año pasado.
Santiago. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) reclama definir ya una senda de consolidación fiscal para comenzar a implementarla en 2022, antes incluso de que se activen las reglas fiscales europeas y concluya el programa extraordinario de compras de deuda pública del BCE. Así lo pone de manifiesto en el último número de su publicación 'Cuadernos de Información Económica', donde indica que el elevado déficit público estructural que arrastra España desde hace años y la magnitud de la crisis derivada de la pandemia hacen "particularmente exigente" una senda de consolidación fiscal.
Para Funcas, la "permisividad fiscal" y la acción del BCE posibilitan financiar enormes volúmenes de deuda pública a costes históricamente bajos, lo que, según el autor del estudio, Santiago Lago, favorece una "calma aparente" en el corto plazo, pero apunta a "turbulencias" a largo plazo, de ahí que la situación exija "reaccionar ya". El retorno a la estabilidad presupuestaria en 2023 y años siguientes va a ser "más exigente que nunca", alega. A, la definición de una estrategia de consolidación fiscal debería basarse en tres pilares: ampliar el horizonte temporal del actual plan presupuestario, abordarse con un amplio apoyo político y sostenerse en una mejora de la calidad del gasto público y de la gobernanza multinivel, pues que también corresponderá parte del esfuerzo a las comunidades.