El Foro Económico rechaza el concierto como alternativa para la financiación

El gobierno conservador de Cánovas del Castillo llegó en el año 1878 a un acuerdo para que las diputaciones provinciales vascas se encargaran de recaudar los impuestos concertados y entregasen una parte acordada a la Hacienda nacional. Ese es el origen del cupo vasco, un sistema de financiación que también funciona en Navarra y que el BNG reclama también para Galicia. En síntesis, consiste en que sea la comunidad quien recaude los impuestos y le transfiera el Estado una parte por los servicios que éste presta en su territorio. En el resto del Estado, es la Agencia Tributaria la encargada de recaudar y repartir.

El sistema de cupo, o el concierto, no resultaría sin embargo beneficioso para la comunidad gallega porque reduciría los flujos fiscales que le son provechosos. Esa es una de las conclusiones del grupo de trabajo del Foro Económico de Galicia –formado por los economistas Santiago Lago Peñas, Xoaquín Fernández Leiceaga, María Cadaval y Alberto Vaquero García– en su informe sobre la reforma del sistema de financiación autonómica encargado por el Parlamento de Galicia.

Según las estadísticas de la OCDE, España es el país de la UE con una mayor descentralización tributaria. Sin embargo, explican en el Foro, son necesarios ajustes técnicos para garantizar que la autonomía se pueda ejercer de forma “suficiente y clara”.

En este escenario, en el informe se descarta el sistema de concierto porque, explican, lleva al Gobierno central a renunciar a su poder fiscal en una parte del territorio y, “en el caso de Galicia, no sería positivo porque reduciría los flujos fiscales que benefician a la comunidad”.

El documento salienta la necesidad de que Galicia lidere la defensa del retorno a la nivelación de todos los servicios públicos descentralizados. Esta nivelación encaja con una concepción amplia de equidad entre todos los españoles, ya que es el que posibilita que la autonomía política y el autogobierno sean compatibles con las capacidades de prestar servicios públicos similares en toda España, en lo que se refiere a la igualdad del esfuerzo fiscal realizado por los ciudadanos.

Los costes fijos y el despoblamiento, las nuevas correcciones de hacienda En lo que repecta a la propuesta del Ministerio de Hacienda remitida a las comunidades autónomas en diciembre de 2021 para su discusión, los economistas del Foro hacen tres consideraciones que afectan a las dos nuevas variables incorporadas, que son los costes fijos y el despoblamiento.

Los expertos consideran que las nuevas correcciones no pueden suponer, en ningún caso, una reducción del efecto de las ya existentes.

Además, hablan de una notable discrecionalidad en el caso de la nueva variable de despoblamiento. Ésta se concentraría e cuatro comunidades porque sus valores de densidad están por debajo de la media y entorno a 25-27 habitantes por kilómetro cuadrado. Consideran que lo que se está haciendo es “sobreponderar” una variable que ya está en el modelo: la superficie. Esto se comprueba al comparar las comunidades autónomas que salieron beneficiadas con la incorporación de esta variable: Castilla- La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura, con las cuatro comunidades más extensas, al margen de Andalucía.

Por otra parte, la posibilidad de aproximarse a los costes fijos tampoco lo ven razonable ni aceptable de ningún modo al limitar su impacto en las CCAA con menos de dos millones de habitantes. Como única forma de introducir estos costes en el modelo es a través de una cuantía que sea idéntica para todas las comunidades de régimen común, de manera que cada una de ellas se lleve 1/15 del total asignado.

Fondo de Liquidez Autonómica Los autores del informe proponen una revisió razonable del importe global y reglas de reparto de los importes recibidos desde el Fondo de Compensación Interterrritorial (FCI). Así, Galicia podría recibir cerca de 300 millones anuales, que serían 100 más de los que recibía antes de la crisis.