El sector ganadero pagará el veto de la caza del lobo
Medio Ambiente pide al Gobierno de Madrid que deje hacer a la Xunta la gestión de la especie, tal como ha sido hasta ahora
La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de incorporar al lobo en la Lista de Especies Salvajes en Régimen de Protección Especial (Lespre), prohibiendo su caza en toda España, cayó como un mazazo en las organizaciones agrarias y en la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, ya que estiman que, en último término, será el sector ganadero el que acabe pagando ese veto.
Los gobiernos de las comunidades de Asturias, Cantabria y Castilla y León, al igual que el gallego, también se oponen a esa medida. Y es que al norte del río Duero, donde hasta ahora el cánido salvaje era considerado especie cinegética, se ha desatado una ola de oposición para no perder ese estatus.
A este respecto, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reclama al Gobierno central que deje a la Xunta “hacer gestión” del lobo para poder afrontar los posibles ataques de este animal salvaje al ganado, ya que, según denunció, con la nueva decisión estatal las comunidades autónomas “no podrán hacer absolutamente nada” ante esas situaciones.
La conselleira recordó ayer que dentro del citado ministerio existe un grupo de trabajo del lobo que “lleva cinco años sin reunirse”, mientras que las comunidades fueron las que hicieron “gestión del lobo, siempre con los agentes medioambientales y del territorio”, subrayó.
“Si de algo podemos presumir es que, gracias a las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, el lobo ya no es una especie en peligro de extinción, todo lo contrario”, afirmó. Insistió en que “gracias a esa gestión hay manadas importantes, suficientes” y se pudo encontrar “un equilibrio en la biodiversidad”.
2.400 ATAQUES. En este terreno apuntó que llega un momento en que tienen que dejar a las comunidades “hacer gestión”. “Si una zona se siente muy acuciada y hay muchos ataques de lobo, tenemos que dispersar ese lobo”, explicó, al tiempo que recordó que el pasado año se registraron en la comunidad 2.400 cabezas de ganado atacadas por los lobos.
Dentro de la oposición a esta polémica medida, la conselleira precisó que la Xunta tiene la mano tendida para seguir trabajando para que esta especie se siga propagando por el país, pero hizo hincapié en que no se puede permitir que, en una comisión “sin ningún informe, ni los 15 días que hay que tener de comunicación, se tomen determinaciones en contra de las comunidades autónomas”.
En la misma línea, criticó que “sean otras comunidades las que tengan voto, cuando no tienen lobo ni nunca hicieron gestión del lobo”. “Aquí no hay ideología, aquí hay gestión: nosotros queremos el lobo, pero queremos gestionarlo”, concluyó.
PLANAS SE MANIFIESTA PROCAZA. El ministro de Agricultura, Luis Planas, reconoció ayer que no está de acuerdo con la decisión adoptada la semana pasada por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de prohibir la caza del lobo en toda España y no dudó en ponerse del lado de los sectores ganaderos en estos momentos.
“Es un tema muy polémico. Ahora se trata de pasar al lobo de un régimen de especie protegida a un régimen de protección especial, y como ministro no estoy de acuerdo. Comparto la preocupación de los ganaderos y como responsable de Agricultura, estoy a su lado”, indicó el titular del ramo en la presentación de un acuerdo de Lidl y UPA para poner en valor el olivar tradicional español. Planas recalcó que hay que ser “capaces de situar claramente cada cosa en su lugar”.