El transporte reclamará los peajes cobrados desde 2013
La Federación Gallega prepara el arsenal jurídico para reclamar las tasas de la AP-9 pagadas por los empresarios
Recuperar los peajes desembolsados desde 2013 por los transportistas gallegos por circular por la AP-9. Es el objetivo por el que los abogados de los transportistas gallegos estudian la forma jurídica más adecuada para reclamar las tasas cobradas “indebidamente” durante nueve años.
El presidente de la Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Ramón Alonso, anticipa que se animan a estudiar el proceso ante la apertura de un procedimiento de infracción contra España por la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa comunitaria en las prórrogas concedidas a Audasa para ampliar la concesión hasta 2048. Las autoridades comunitarias fijan que las ampliaciones “solo” pueden adjudicarse con el inicio una nueva licitación, situación que no se ha dado en el vial gallego en ninguna de la ampliación de los plazos de explotación.
Alonso reseña que “en base de los argumentos” de la Comisión Europea llevarán a cabo la demanda.
El presidente de la patronal gallega, así como el de la provincia de Pontevedra y miembro de la Confederación Nacional de Transportes, avanza que desde las tres organizaciones “vamos a intentar que devuelvan lo indebidamente cobrado, porque ya que nos han estafado de alguna forma, vamos a reclamar nuestros derechos”.
Alonso, contento por la resolución comunitaria, aunque a la expectativa de la estrategia a seguir por el ejecutivo español, insiste en que “no es de recibo que la concesión por la obra completa fue de 29 años, y que por dos trocitos de Narón y Bouzas, le dieron otros 20, al igual que en la ampliación del puente.”. Remarca que “si no llegaba el puente de Rande y lo amplía la misma concesionaria, nosotros no se lo podemos pagar porque conlleva el tránsito de más vehículos y, por tanto, más recaudación ¿Porqué tenemos que pagarlo? Me parece absurdo”. Incide en que considera “ilegal” que se haya ampliado el periodo de explotación sin que exista una subasta pública. “¿Porqué tiene que ser Audasa y no otra empresa que, a lo mejor, solo necesitaba cinco años?”.
Alonso afirma “no esperar mucho” de la respuesta del ejecutivo español al emplazamiento comunitario. Ve factible que Audasa “vuelva a salirse con la suya, que es cobrar lo que quiere” por obras que a su vez le benefician, como la ampliación del puente de Rande.
El presidente de la patronal de la federación gallega explica que el impacto del pago del peaje en empresas “pequeñas” como la suya alcanza los 8.0000 euros anuales, cantidad que se multiplica por diez en las de gran dimensión. En Galicia hay cerca de 5.000 empresas.
Para Ramón Alonso “está claro” que el Gobierno “premia” a comunidades como Cataluña o Andalucía, con 150 y 120 kilómetros de autopistas de pago, frente a la situación de Galicia con desembolso obligatorio en los 350 kilómetros de la AP-9. Alerta de la pérdida de “competitividad” del sector gallego, frente a competidores vascos y catalanes con menos costes.