En seis meses subieron como en 13 años los costes para la construcción
El incremento superó el 12 % // Xunta y sector exigen en Galicia una revisión de los precios de la obra estatal // SOS para proteger el empleo ante la crisis de los materiales
El sector de la construcción necesita, como agua de mayo, un cambio normativo de alcance estatal para garantizar la viabilidad de las obras públicas impulsadas por las distintas administraciones y para proteger el empleo ante la crisis de precios y abastecimiento de los materiales de construcción. Así lo pusieron de manifiesto este lunes la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, junto al titular de la Federación Galega da Construción, Diego Vázquez Reino, y el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez.
La conselleira clausuró la jornada organizada por la patronal autonómica, en colaboración con su departamento, para explicarle al sector el alcance de las medidas adoptadas para blindar los contratos de las obras impulsadas por la Xunta de Galicia.
En su intervención, Ethel Vázquez destacó que el Gobierno gallego fue pionero al adoptar medidas destinadas a evitar retrasos y paralizaciones en la ejecución de las obras públicas a consecuencia de la escasez y de la escalada de precios en los materiales. Ahora, otras comunidades, como Extremadura, replican exactamente las medidas adoptadas por la Xunta.
Esas iniciativas, que están en vigor en Galicia desde el pasado 1 de enero, permiten asegurar la viabilidad de los contratos impulsados por la Xunta actualmente en curso. Permiten establecer compensaciones a las empresas adjudicatarias de las obras públicas ante el incremento exponencial del precio de los materiales. Resaltan que en la construcción los materiales se encarecieron en los primeros 6 meses de 2021 más de un 12 %, lo que representa la misma subida que entre 2007 y 2020, en trece años.
Concretó que estas medidas son de aplicación en aquellas obras en ejecución que registren una variación de precios de los materiales de, al menos, el 20 %, y causen unas pérdidas superiores al 6 % del importe de adjudicación. En estos casos es posible establecer o una “compensación” que evite la quiebra del contrato o autorizar una modificación de los materiales, promoviendo los recursos de proximidad, siempre y cuando no merme la funcionalidad de las obras.
La conselleira insistió en la necesidad de que Moncloa actúe, como Administración competente en materia de contratos públicos, para blindar todas las obras públicas. Es necesario, dijo, para evitar más casos como el que se acaba de conocer del contrato desierto que retrasará la modernización ferroviaria entre Lugo y Ourense. Ethel Vázquez recordó que están en juego inversiones en grandes infraestructuras sanitarias y la ejecución de los fondos europeos de reconstrucción.
Santiago. Los datos más recientes, recabados en plena pandemia por el Instituto Galego de Estatística (IGE), apuntan a que en la comunidad autónoma el sector de la construcción generó en 2020 un valor añadido bruto de 3.964,2 millones, lo que representa el 6,7 % del producto interior bruto de la comunidad. Este nivel de actividad hizo que el empleo se situara en cerca de 68.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el 7,3 % del total.
Este peso, estratégico dentro de la economía gallega, es la explicación de por qué cerca de 120 representantes de esta actividad participaron en el encuentro en el que el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, detalló la iniciativa impulsada para asegurar las obras contratadas por el Gobierno autonómico, que ahora copian otros ejecutivos de otras comunidades.
Sobre la importabncia del encuentro, Diego Vázquez Reino, presidente de los constructores de Galicia, puso el acento en la citada revisión urgente de los precios de la obra pública estatal, que se contagiará a otras administraciones, y añadió como esencial añadir “a revisión á alza dos combustibles”.
La situación preocupa en toda España. La prueba: la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) presentará el próximo jueves los resultados de un estudio que recoge las licitaciones desiertas en España y muestra la parálisis del sector por la subida de los precios, materias primas, materiales, energía...
Según la patronal, este freno perjudicará la ejecución de los fondos europeos que canalizará el sector, amenazado también por la lenta tramitación burocrática de las ayudas, que afectará al ritmo de recuperación económica.