Golpe a la logística narco: incautan 54 lanchas pero solo acabaron en prisión trece de los 42 detenidos

Más de medio centenar de planeadoras, alrededor de un centenar de potentes motores fueraborda, moldes para construir embarcaciones y todo tipo de moderno sistemas de navegación. Material cuyo valor, de acuerdo con el peritaje inicial de los expertos policiales, supera de largo los sesenta millones de euros y 43 detenidos en Galicia, a los que hay que añadir otros tantos en Portugal y Andalucía en actuaciones similares y paralelas, es el resultado de sendos operativos realizados desde dos juzgados de Cambados, los de instrucción números 3 y 4, y dirigidos por las magistradas María José Caramés Blanco y Luz María Fernández de Landa Ponte, contra la infraestructura marítima de los grupos de narcos asentada especialmente en la provincia de Pontevedra.

Operativos realizados por agentes del EDOA de Pontevedra, ECO Galicia, GRECO Galicia y el Servicio de Vigilancia Aduanera, en un caso, y por la Udyco de la Policía Nacional y por al EDOA de la Guardia Civil de Pontevedra, en el otro, tras una completa investigación que se inició precisamente hace un año, en abril de 2021, tras la desarticulación en distintos puntos de Andalucía de varias organizaciones que se dedicaban a introducir hachís en España procedente de Marruecos.

Lo hacían en embarcaciones rápidas construidas en Galicia y que se ensamblaban en Portugal (donde no están prohibidas como en nuestro país) y desde allí navegaban hasta el sur de la península para cruzar el Estrecho.

Estas dos complejas investigaciones, que no están relacionadas entre sí, culminaron con la detención de 42 personas que formaban parte de, al menos, dos grupos distintos. En la primera de ellas, la del juzgado número 4, se completó en la primera semana de abril y en ella cayeron dos personajes considerados como los cabecillas; uno de ellos, Ramón Bugallo Martínez, alias Mon, primo de Sito Miñanco y con un amplio historial a sus espaldas y el otro un joven empresario llamado José Vázquez que se encontraba al frente de uno de los astilleros intervenidos.

En la segunda de las investigaciones que se completó en la última semana de abril, , de la mano de la titular del nº 4 de Cambados, dos de los principales implicados son otro histórico, Francisco Javier Otero Magdalena, apresado en Algeciras, y el que figura como responsable de una nave en el polígono de Tremoedo, Vilanova de Arousa, José Antonio Señoráns.

Precisamente en esta instalación en la que se construían o reparaban planeadoras, se localizó una especie de piscina inundada, en un zulo de considerables dimensiones, en el que se realizaban pruebas de navegabilidad de las embarcaciones.

Desde el Ministerio del Interior se considera que “laas investigaciones realizadas permitieron identificar y estructurar las funciones de los miembros de organizaciones criminales, quienes vendrían realizando la fabricación de embarcaciones de alta velocidad, que son consideradas de género prohibido, en distintos lugares de la provincia de Pontevedra. Además contaban con otra serie de enclaves en el país luso, en los que culminaban las embarcaciones. Por último, las embarcaciones eran dotadas del equipo necesario para su uso por los narcotraficantes en otras ciudades”.

Sostienen además los investigadores que estas organizaciones “contaban con miembros con una alta especialización, tanto para la fabricación, como la custodia y finalización de estas embarcaciones. Una vez realizada la puesta a punto de las mismas, los miembros de este entramado criminal llevaban a cabo su botadura en distintos puntos de la geografía nacional, siendo posteriormente empleadas para el transporte de estupefacientes en la zona sur de España”.

Pese a todo ello lo cierto es que de los 42 detenidos es las operaciones dirigidas desde Cambados únicamente trece (entre ellos los considerados cuatro máximos responsables) de los apresados dieron con sus huesos en prisión tras comparecer ante las magistradas Caramés Blanco y Luz María Fernández de Landa Ponte.

A cuatro más se les impuso como medidas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean llamados y para otros tres se decretó prisión provisional eludible bajo fianza de 20.000, 10.000 y 8.000 euros. El resto de los detenidos quedaron en libertad, algunos de ellos ya en dependencias policiales.