Informes encargados por la Xunta avalan la elevación de las penas a los ‘okupas’

Dos informes encargados por la Xunta respaldan la reclamación de la Administración autonómica que solicita al Gobierno central una reforma de los códigos Civil y Penal para elevar las penas por ocupación ilegal de viviendas.

Los documentos, elaborados por los profesores de Derecho Penal Santiago Brage (USC) y Silvia Valmaña (UCLM), fueron abordados en la reunión del Observatorio da Vivenda celebrado este viernes con la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

Un encuentro que tuvo como “punto fundamental” la ocupación ilegal de viviendas en Galicia, según comentó la conselleira y recogió Europa Press, que hizo hincapié en la “inseguridad jurídica” en torno a este asunto, “que hace que muchos gallegos no pongan a disposición para alquiler” sus pisos y casas.

Vázquez aseguró que durante el tercer trimestre del año Galicia registró “una ocupación cada día”, si bien reconoció que los datos no parten de un censo oficial, cuya elaboración demanda a la Administración central. En todo caso, la Xunta se encuentra en estos momentos elaborando “un mapa de la ocupación” en la Comunidad gallega.

“Necesitamos tener una comunicación fluida para contar con datos actualizados en relación a la ocupación de viviendas”, añadió la responsable del Gobierno gallego, que concretó que la cifra sobre el tercer trimestre del pasado año surge de una “fusión” de la información del Instituto Nacional de Estadística, la fiscalía “y los datos que muchas veces son conocedores muchos medios de comunicación antes incluso que la propia comunidad autónoma”.

Además de solicitar información en torno al número de viviendas ocupadas de forma ilegal en Galicia, la Xunta ve necesario acometer modificaciones de los códigos Penal y Civil para aportar mayor “seguridad jurídica” de cara a actuar ante este tipo de episodios y también ejercer como un elemento “disuasorio”.

“No puede ser que esté más penado la sustracción de un teléfono móvil que una ocupación ilegal”, aseveró Vázquez, que también puso el foco en que es preciso agilizar los procesos de desalojo dotando de mecanismos a las fuerzas de seguridad, prohibir los empadronamientos en domicilios ocupados y “habilitar” a las comunidades de vecinos para que “puedan actuar” ante estos episodios.

Según la conselleira, la legislación en España quedó “obsoleta” para hacer frente a una problemática que, dice, se convirtió en “normalidad” debido en parte a los decretos aprobados por el Gobierno durante el estado de alarma que paralizaron los desahucios y desalojos.

Uno de los informes fue elaborado por la profesora Silvia Valmania contempla varios mecanismos. El primero de ellos está, según la docente (exdiputada del PP en Cortes), en el endurecimiento de la pena del delito de usurpación, ya que considera que es preciso enviar el “mensaje” de que la ocupación de viviendas “es una conducta ilícita y penalmente relevante”. Por este motivo, y en aras de incidir en la “prevención” de estos episodios, cree necesario que se equiparen las penas “a otros delitos similares”.