La Justicia da un mes para que los Franco vacíen Meirás

La devolución del pazo de Meirás al patrimonio público tras años de ocupación por los herederos del dictador Francisco Franco recuerda por momentos lo peor en un proceso de un divorcio. ¿De quién es la vajilla? ¿Quién se lleva la cómoda? ¡El cuadro es mío! Por ahora, el Estado ha obtenido la victoria más importante: el pazo es del pueblo. Pero los Franco han ganado la última batalla: lo que hay dentro de las torres se lo quedan ellos, al menos hasta que no haya otra querella mediante.

Los herederos del dictador consiguieron el pasado 20 de abril que la Audiencia Provincial les diese la razón en que los enseres que se guardan en las torres son suyos y que, además, tienen derecho a que se les indeminice por los daños que les hubiese causado el depósito inicial en favor del patrimonio público.

Y ahora, según otra resolución del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña hecha pública ayer, les da un mes para que activen la mudanza y se lleven “las cosas, bienes u objetos”. En su diligencia de ordenación, la letrada requiere así al Estado que permita el acceso al inmueble de los profesionales que designe la familia, que también ha pedido que se declare no existente, a todos los efectos, el inventario sobre los bienes, así como que se prohiba su divulgación. Sobre este punto, el juzgado otorga a las partes un plazo de diez días para indicar si están conformes con esta solicitud o si, por el contrario, presentan alegaciones.

El pasado diciembre, después de que la Justicia sentenciase la devolución del inmueble al Estado, un equipo de técnicos elaboró un exhaustivo informe de 160 páginas con más de 1.000 imágenes de los bienes inventariados habitación por habitación. Es este el documento que los Franco no quieren que se conozca. En él hay de todo, desde enseres de cocina, muebles y algunas prendas de ropa hasta las estatuas del Mestre Mateo que podrían corresponder a Abraham e Isaac y que tienen la declaración de Bien de Interés Cultural.

Los herederos del dictador quieren llevárselo todo, pero al menos para mover las estatutas tendrán que pedir permiso. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ya ha dicho que éstas son, al igual que la biblioteca de Pardo Bazán, “bienes patrimoniales de Galicia” y que la Administración autonómica ejercerá su marco competencial con el objetivo de que queden en esta autonomía. Estamos, dijo el conselleiro, “ante una cuestión jurídica que se debate con argumentos jurídicos”.

Los letrados del Gobierno central y del autonómico trabajan mano a mano para defender el patrimonio público frente a los intereses de los Franco. El mismo auto que concedía a la propiedad de los muebles a los herederos del dictador invitaba a la Administración a reclamarlos en otra querella.