La propuesta del 1 % elevaría a 140 millones el fondo para salvar al sector de la hostelería
Los empresarios instan a las administraciones a ponerse de acuerdo sobre el plan de rescate
El Gobierno autonómico ya se comprometió a aportar 50 millones de euros al plan de rescate a la hostelería gallega. Si bien, prácticamente todas las administraciones y grupos de la oposición consideran insuficiente esta cantidad, abogando por aportar el 1% del presupuesto del Ejecutivo, diputaciones y ayuntamientos.
Ante esta situación, la Xunta sigue recogiendo las aportaciones de los principales sectores de actividad económica afectados por la crisis sanitaria de cara a configurar el 2º Plan de Rescate. Con este propósito, la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, se reunió ayer por videoconferencia con el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, y representantes de UGT y CCOO –integrantes del diálogo social– y, por otra parte, con los interlocutores de A Mesa do Emprego Autónomo de Galicia.
En concreto, tal y como comunicó Lorenzana, la prioridad del Gobierno gallego pasa porque el pago de las ayudas llegue cuanto antes a los sectores afectados por la pandemia. Por eso, Lorenzana instó a las diputaciones y ayuntamientos a alcanzar en la reunión de hoy un acuerdo para “sumar esfuerzos” y apoyar a los colectivos que peor lo están pasando.
A CORUÑA, PONTEVEDRA Y LUGO VEN INSUFICIENTE EL ACTUAL PRESUPUESTO. La propuesta del ‘1% hostelero’ de la Diputación de A Coruña para el fondo común de rescate quedó sobre la mesa en la reunión convocada el lunes por el Clúster de Turismo. Esta tarde se retomará el debate entre las tres administraciones (Xunta, diputaciones y ayuntamientos) para tomar una decisión conjunta.
La Diputación de A Coruña y la de Pontevedra fueron las primeras en pronunciarse sobre la postura que defenderán, que irá en la misma línea que la de la Diputación de Lugo. “Los 50 millones que la Xunta pone nos parecen insuficientes para un sector que vive momentos dramáticos y necesita el compromiso de todas las administraciones. De todas maneras, iremos a la reunión con voluntad constructiva ya que, para nosotros, lo realmente importante es llegar a un acuerdo que beneficie al sector”, señaló ayer el vicepresidente de la administración provincial de A Coruña, Xosé Regueira, que apuesta por subir el presupuesto hasta los 140 millones.
Por su parte, el portavoz del Gobierno provincial, el diputado Bernardo Fernández, consideró que la negativa de la Xunta a la propuesta del 1% “supone perder la oportunidad de contar con un verdadero plan conjunto y ambicioso de rescate para el sector”.
En la misma línea, la Diputación de Pontevedra consideró que el plan de rescate propuesto por el Ejecutivo autonómico se queda “absolutamente corto”, tal y como señaló el diputado Carlos Font, que se mostró confiado en que hoy la Xunta “rectifique” su “errática” decisión.
LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PIDE COLABORACIÓN. Con todo, la titular de Emprego e Igualdade recordó que esos 50 millones de euros, comprometidos por la Xunta para el segundo Plan de rescate, se suman a los 86,2 millones del primer Plan. Y, con respecto al fondo común que se está debatiendo para ampliar el presupuesto, indicó que el objetivo del Gobierno gallego es “sumar dinero y no entrar en porcentajes”. Esta posición es apoyada por la Diputación de Ourense.
En este sentido, la conselleira resaltó que se trata de poner a disposición de los sectores el dinero necesario el tiempo que sea necesario, y no de limitar las aportaciones a un porcentaje concreto.
Por ello, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) consideró “imprescindible máxima coordinación y esfuerzo (de todos) para que las ayudas sean suficientes y lleguen en el menor tiempo posible a los afectados”.
··· El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también solicitó ayer más ayudas para la hostelería viguesa, que “está sufriendo en sobremanera la situación” de confinamiento derivada del COVID, por lo que “es imprescindible” que reciba indemnizaciones, si bien criticó que la Xunta tenga “un tono intransigente” al respecto. En este marco, aseguró que el Gobierno olívico estaría conforme con el modelo de Valencia, por el que la comunidad aporta 100 millones (el 62,5% del total), las diputaciones 36 millones (el 22,5%) y los ayuntamientos 24 millones (el 15%).
··· Por su parte, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, invitó a mandatarios de España y Galicia a tomar medidas para los sectores más afectados “de la misma forma que se hizo con el sector pesquero durante la crisis del Prestige”, para evitar “sumir en una profunda crisis a las personas detrás de los negocios”.
Santiago. Desde hoy y hasta el próximo 17 de febrero los negocios de hostelería de Galicia bajarán sus rejas y el comercio no esencial (tiendas y peluquerías, entre otros), tampoco podrá abrir sus puertas más allá de las 18.00 horas. Una catástrofe económica para autónomos y emprendedores que, sin duda, no deja indiferente a nadie y ya comienza a tener sus repercusiones.
“Ahora mismo hay un 20% de comercios cerrados” en la comunidad gallega, según aseguró este martes el presidente de la Federación Galega del Comercio, José María Seijas. Este porcentaje, según sus propias estimaciones, se podría ampliar en febrero en “otro 20 o 25% más”.
Por ello, Seijas no dudó en calificar de “muy grave” la situación para el sector, que se verá “agravada” con las restricciones impuestas por el Gobierno gallego.
“Hay que diferenciar entre las medidas sanitarias y las económicas. En cuanto a las medidas sanitarias, son recomendadas por un comité clínico de expertos. No hay discusión”, dijo, pero “económicamente es desastroso”.
SOLUCIONES INMEDIATAS Y “SIN DEMORAS”. Ante esta dramática situación, el presidente de la Federación Galega del Comercio reivindicó que “tiene que haber ya ayudas directas”. “No podemos admitir más préstamos ni demoras, sino que tienen que ser para dar soluciones rápidas”, incidió.
“Llevamos un año con ventas muy limitadas”, porque aparte de las medidas que limitan los horarios del comercio, “los cierres perimetrales” aplicados condicionan mucho la actividad, dado que no se permite el libre tránsito de las personas para realizar sus compras, “algo que es esencial para las ventas”.
LIQUIDAR AL PERSONAL QUE NO SE PUEDE MANTENER. También apeló en el día de ayer a que en el sector “no se puede asumir” la cláusula de los ERTE por la cuál no se puede despedir en seis meses: “Todo lo contrario, tenemos que pedir al Gobierno central una serie de ayudas para liquidar al personal que no podamos asumir”. Además, reclamó a los ayuntamientos que “supriman impuestos y tasas”, al tiempo que insistió en las ayudas directas. Á.P.