Luz verde a la tramitación urgente de la reforma de la lei de saúde

La reforma de la lei de saúde de Galicia, de 2008, arrancará en breve, tras la aprobación, este miércoles, en el Pleno de Parlamento gallego por el trámite de urgencia. Llega así un texto que no era la primera opción del Gobierno de la Xunta, pues en principio su intención era la reforma de la Ley Orgánica de Salud Pública Nacional, como defendió en varias ocasiones el presidente gallego.

Tras el rechazo del Congreso de los Diputados a este cambio, a finales de noviembre, y la callada por respuesta del Ejecutivo central al envío de la propuesta de la Xunta para modificar la norma estatal, el cambio se hará a nivel autonómico a propuesta de los populares gallegos.

La proposición de ley endurece el régimen sancionador ante cualquier pandemia, y salió aceptada por 41 votos a favor y 32 en contra, tras un debate en el que la oposición mostró su rechazo por “delimitar derechos fundamentales” y suponer un “estado de alarma permanente”, además de dejar patente la “deriva autoritaria” de la Xunta.

En la toma de consideración de la norma, el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, defendió que esta ley es de las “más importantes” que se tramitarán esta legislatura, puesto que busca “cubrir lagunas y carencias de la legislación vigente para luchar mejor contra la pandemia”, sosteniendo que “se hace necesario dar certidumbres legales”.

Así, la futura ley continuará su tramitación y está previsto que se apruebe a comienzos del año que viene para entrar en vigor a partir del mes de febrero.

El texto aborda, entre otras cuestiones, las medidas que puede adoptar el Gobierno gallego en situación de pandemias, las sanciones por el incumplimiento de la normativa –con delimitación de las competencias de cada administración– o la intervención de las residencias de mayores, para lo que , por ejemplo, se simplifican los trámites administrativos.

RÉGIMEN sancionador “MÁS CLARO” Puy Fraga señaló que se apuesta por medidas “temporales, transparentes y motivadas”, con un régimen sancionador “más claro y más completo” que evite que las normas no se cumplan porque “no se hacen efectivas”.

Tras sostener que el uso del estado de alarma fue “óptimo” en principio, avisó de los problemas jurídicos “obvios” de las decisiones por la pandemia. Por ejemplo, la del TSJ de Madrid que llamó la atención acerca de la necesidad de legislar en vez de recurrir a órdenes ministeriales, o la negativa del Estado a conceder a Asturias el confinamiento domiciliario.

Además, el popular se refirió al rechazo a reformar la ley orgánica estatal de salud para apunta a la necesidad de llevar a cabo esta modificación de la norma gallega ante la “evidencia de hacer reformas”. Así, se evita la “improvisación”, se reducen incertidumbres”, se propone una interpretación “más homogénea” de los tribunales y “se resuelven” problemas competenciales en el campo de las sanciones, según informa Europa Press.

En el texto, se fijan diferentes sanciones, entre las que se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse un aislamiento. Esta nueva ley establece tres tipos de infracciones: leves (de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros).

El rechazo a vacunarse o hacerse pruebas está estipulado como leve (entre 1.000 y 3.000 euros) en el caso de que las repercusiones tuviesen una “incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población”, pero pueden pasar a graves o muy graves en función del daño ocasionado. La multa por no llevar mascarilla es de un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento.

PSdeG y BNG, EN CONTRA “EN FONDO Y FORMA” Enfrente, la oposición se mostró en contra de esta ley “en fondo y forma”. Una de las cuestiones sobre la que llamaron la atención tanto socialistas como nacionalistas es que se recurra al Grupo Parlamentario del PPdeG para presentar el texto, en vez de que lo haga la Xunta, con el fin de “saltarse todos los informes preceptivos”, pues sería “más que dudoso que fuesen favorables (esos informes)” a restringir derechos en una “ley ordinaria” de sanidad, dijo Montse Prado, del BNG.

deriva autoritaria En esta línea, Julio Torrado (PSdeG) afeó esta “maniobra parlamentaria extraña” por parte de los populares, que identifica con “cierto delirio bolivariano”. Cree que puede ser necesario implantar un régimen sancionador pero “no una modificación de la ley de salud” para dar lugar a un “estado de alarma permanente”, en lo que identifica con una “deriva autoritaria”.

Montse Prado (BNG) consideró que el PPdeG “no pretende mejorar la salud” de los gallegos con esta ley, sino una “delimitación gravísima de derechos fundamentales”, lo que tacha de “inasumible e inaceptable”. Por este motivo, la seguridad jurídica de la norma “queda más que en entredicho”, a su entender.

recorte de derechos Cargó contra una ley “coercitiva” que se traduce en una “recorte” de derechos y libertades, que impulsa un “estado de alarma permanente” con medidas “el tiempo que sea necesario” sin garantías jurídicas, mientras “no establece ninguna obligación de rendir cuentas al gobierno”. “Es todo tremendamente democrático”, ironizó Prado, añadiendo que es un “auténtico despropósito” que “todo el mundo se convierte en autoridad sanitaria”. Cuestión en la que se había mostrado totalmente de acuerdo el socialista Torrado en su intervención.

También recriminaron que la modificación solo proponga medidas “coerctivas” con sanciones de cuantías “obscenas de hasta 600.000 euros”, pero sin “ninguna” propuesta en relación con la mejora del rastreo, el cambio de modelo de residencias o el refuerzo del sistema sanitario después del “deterioro brutal”, dijo la nacionalista.

Además, Torrado echó en falta informes jurídicos para conocer si se puede llevar a cabo una reforma de una ley autonómica que afecta a “derechos fundamentales”.