Existen más de cien denuncias activas por ocupaciones ilegales
La Xunta recaba la opinión de asociaciones vecinales con objeto de plantear a la Delegación del Gobierno que se garantice la seguridad jurídica a los propietarios
Según pasan las semanas, nuevos casos de ocupaciones ilegales de viviendas se producen en Galicia. Las denuncias subieron en el primer semestre de este año un 34%, según datos del sector, y en el comparativo interanual de 2019 con 2018, un 38% según apunta la Fiscalía Superior. Son cifras que provocan gran inquietud en la Xunta, que las cuantifica en más de un centenar de demandas activas.
En un informe reciente, la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, se señalan las calles y los barrios de las principales urbes en las que suceden estas acciones. Así en Santiago de Compostela, los principales casos conocidos se sitúan en Belvís, Rueiro de Figueiriñas, San Pedro, Algalia de Arriba, Pexigo y Cruceiro do Gaio.
En A Coruña, en Peruleiro, calle de la Paz, Eladio Rodríguez, Padre Busto, ronda de Nelle, Monte Alto, Agra do Orzán, A Zapateira. En Vigo, en la travesía de Vigo, Teis y Calvario. En Lugo, en A Milagrosa, As Gándaras, Feijóo y A Chanca. Y en Ourense en plaza de Abastos, Celso Emilio Ferreiro, As Burgas, O Vinteun, Portugal y Mariñamansa.
Este lunes, la conselleira que tiene responsabilidad de Vivenda, Ángeles Vázquez, se reunió con los representantes de asociaciones vecinales de Lugo, Ourense, Vigo y Ferrol para conocer su opinión.
En la reunión les trasladó que las competencias autonómicas en la materia son “muy limitadas”. Y les expresó que la ocupación ilegal de inmuebles no es solo un problema de orden “público y social” sino también de seguridad “jurídica” por la indefensión que supone para los legítimos dueños de estos inmuebles.
Vázquez desea que todas las administraciones públicas “den un paso adelante” para atajar el problema y colaboren en la búsqueda de una solución que pasa por reformas legislativas a nivel del Estado. Así explicó a los representantes vecinales que solicitó al delegado del Gobierno una reunión para tratar el asunto.
Hay que recordar que el Ejecutivo gallego, en la última Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo del pasado mes de junio, manifestó su preocupación al Gobierno central y pidió medidas eficaces para garantizar agilidad en los desalojos de aquellas viviendas que están siendo ocupadas ilegalmente.
Entonces, la contestación de Madrid fue que la seguridad jurídica de los propietarios está garantizada con la normativa vigente. Sin embargo, en los meses posteriores siguieron aconteciendo situaciones en diversas urbes gallegas y en los municipios de su entornos. Algo similar pasó en otras autonomías.
Por ello, la Fiscalía General del Estado dictó una instrucción específica con la intención de unificar y agilizar la actuación de los fiscales de todo el país ante casos de este tipo. De ahí que ahora la Xunta insista en que es necesario que el Gobierno central impulse reformas legislativas que garanticen una solución “rápida, eficaz y duradera” al problema en todo el Estado.
Vázquez lamenta que una ocupación ilegal “solo se castigue con una multa y no con una pena de prisión”, y solicita “endurecer las penas”.
En la apertura del año judicial, el pasado viernes, en los discursos, tanto de José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como Fernando Suanzes Pérez, fiscal Superior de Galicia, se expresó la alarma, preocupación e indignación ciudadana por las ocupaciones ilegales de viviendas.
Y como argumentación cada uno apuntó un dato que parece contradictorio pero no lo es. El presidente señaló que las demandas sobre la cuestión bajaron un 21,5% en el internanual del primer trimestre del año, mientras el fiscal señaló que habían repuntado los casos investigados en un 38% anual. La razón estriba en que tan solo la mitad de las demandas presentadas acaban en juicio.
Así desde el TSXG se precisa que en los seis primeros meses del presente año se presentaron 51 demandas (24 en el primer trimestre y 27 en el segundo), frente a las 65 habidas en 2019 (33 en el primer trimestre y 32 en el segundo). Y se precisa que son datos de ocupaciones ilegales de viviendas en casos en los que el propietario es una personas físicas, entidad sin ánimo de lucro o entidad pública poseedora de vivienda social.
Pero el fiscal superior expresó que en el asunto de los allanamientos de morada, y la usurpación de bienes inmuebles, hubo 400 nuevos casos ingresados en el ejercicio de 2019 (un 38% más que en 2018). De ello se deduce que soloun 25% de casos llegan a juicio, porque si los propietarios logran recuperar la vivienda antes, suelen retirar las demandas interpuestas.
Suances, en su intervención sobre “el fenómeno creciente de la ocupación ilegal de viviendas”, expresó que “se han dedicado no pocas reflexiones y debates con bastantes menos soluciones prácticas”. Y lamentó que generó “una sensación de impunidad que es necesario atajar desde el punto de vista legal”.
También recordó que el pasado martes la Fiscalía General del Estado estableció unos criterios para “abordar el problema con la eficacia que demanda la ciudadanía”, en defensa “de los derechos y legítimos intereses” de los perjudicados por estos casos.