Moncloa pacta con tres CCAA para evitar el Constitucional al revés que con la lei de saúde

La reforma de la lei de saúde aprobada en el Parlamento do Hórreo y con la que el Ejecutivo autonómico trataba de aportar un marco jurídico estable para gestionar la pandemia en la comunidad –a falta de una norma a nivel estatal–, es el último caballo de batalla entre Xunta y Gobierno, después de que La Moncloa recurriese el texto ante el Tribunal Constitucional sin tan siquiera avisar previamente.

Una actitud que no sentó nada bien en San Caetano, desde donde no niegan la legitimidad de Madrid para defenderse si consideran que Galicia se extralimita en sus competencias, pero que critican que se haya hecho sin sentarse antes a hablar para tratar de llegar a un acuerdo sobre los puntos en los que hay fricciones. Básicamente, en lo que se refiere a la obligatoriedad de la vacunación frente a la COVID, que en Santiago insisten que no se contempla en la legislación.

Desde la Xunta, que remarca que a su juicio el texto es plenamente constitucional, mostraron no obstante su disposición a “llegar a un acuerdo” para modificar los párrafos concretos objeto de controversia. Sin embargo, tras la apertura de la comisión mixta para negociar, el Gobierno central mantiene la solicitud de suspensión de parte de la ley gallega.

Una actitud que difiere de la mostrada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con las comunidades de Murcia, Canarias y Andalucía, que acaban de llegar a pactos previos que evitaron la interposición de recursos de inconstitucionalidad en el mes de abril.

Según un comunicado del departamento que dirige Miquel Iceta, las partes lograron una solución pactada respecto a tres normas sobre las que habían manifestado discrepancias por el ámbito competencial constitucionalmente reconocido a cada una.

Los acuerdos se alcanzaron en el marco de las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre la Administración General del Estado y las respectivas autonomías, lo que permitió evitar la interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Este procedimiento de negociación, recogido en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, constituye un instrumento jurídicamente habilitado para que el Gobierno pueda llevar a cabo una cogobernanza eficaz con las comunidades, bajo la premisa del principio de colaboración.

Las normas en las que hubo entendimiento son: la ley de recuperación y protección del mar Menor de Murcia; un decreto ley canario de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial; y la ley del presupuesto de Andalucía. Además, según el comunicado, en abril se firmaron otros siete acuerdos de inicio e iniciados los trabajos entre el Gobierno y Cataluña, Andalucía, Aragón y Galicia para intentar llegar a un pacto respecto a otras siete normas autonómicas.

Dos frentes más. Y es que, al revés que con la lei de saúde, el Gobierno sí envió a la Xunta dos escritos en los que plantea discrepancias sobre otras dos normas autonómicas –la de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica, y la de residuos y suelos contaminados–, instando a negociar para buscar una solución que pueda evitar el recurso de inconstitucionalidad y a convocar la comisión bilateral. Una diferente vara de medir sobre la que ya se quejó Feijóo.