No se admitirán durante año y medio nuevas solicitudes de parques eólicos
La moratoria no afecta a proyectos que posean “función vertebradora y estructurante”
La Xunta no admitirá durante año y medio –a partir de la entrada en vigor en 2022 de la ley de acompañamiento a los presupuestos– nuevas solicitudes de parques eólicos, si bien se exceptúa de esta moratoria a “aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados como tales por el Consello de la Xunta”.
Así figura en el texto que este miércoles remitió el Gobierno gallego al Parlamento, en el que se recoge que esta medida se toma “debido al número de los proyectos de parques eólicos admitidos y actualmente en tramitación y a la cifra de megavatios prevista en estos proyectos”.
Igualmente, el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas aclara que esta decisión “no impedirá la modificación de los proyectos ya admitidos a trámite”. Además, se estipula que, ante eventuales desestimientos o renuncias de solicitudes ya presentadas, el Consello de la Xunta podrá reabrir “temporalmente” el plazo para presentar nuevos proyectos "utilizando como referencia los megavatios en trámite".
Según la Xunta, se decide frenar estos proyectos durante 18 meses para una “ordenación racional del sector". Todo en un contexto en el que se producen numerosas protestas de plataformas vecinales y ambientales en contra de proyectos eólicos por incidencia sobre el territorio. Junto a esto, se amplían las distancias para la instalación de aerogeneradores respecto a núcleos de poblaciones, de forma que tendrán que estar a 500 metros o a cinco veces la altura total del aerogenerador.
Se modifican una veintena de leyes. Por lo demás, al igual que el año pasado, la conocida como ley de acompañamiento a los Presupuestos, vuelve a modificar más de una veintena de leyes de la comunidad autónoma.
Entre las reformas se incluyen cuestiones como la creación de una nueva categoría profesional en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) de médicos de familia para centros de salud y PAC, o la anunciada gratuidad de las escuelas infantiles para el próximo curso 2022-2023.
También recoge las rebajas fiscales anunciadas por la Xunta, como la del tramo autonómico del IRPF para las rentas de hasta 60.000 euros, el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de patrimonio, así como el incremento de la tasas públicas.
Y la reforma, pactada con el Gobierno central tras su recurso al Constitucional, de la ley de salud de Galicia para la aplicación de las medidas de vacunación en el marco de las competencias estatales de vacunación y la estrategia nacional en este ámbito.
En cuanto a las cuestiones administrativas, donde se incluye la moratoria para los eólicos, suponen modificaciones de la ley de empleo público para, entre otras cuestiones, ampliar la duración máxima del traslado voluntario ya que se considera que esta medida puede "pasar a tener una mayor importancia con la posible llegada de fondos europeos".
Pero se modifica además la ley del suelo, para admitir el uso de autocaravanas en suelo rústico o establecer que para otorgar la licencia urbanística municipal es suficiente con la presentación del proyecto básico, así como la ley de patrimonio natural y biodiversidad de Galicia, las Directrices da Paisaxe y la ley de ordenación del territorio.
Incluso se modifica la ley de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación de Galicia, aprobada este mismo año, para prever la posibilidad de establecer una prórroga a los tres años fijados para la remisión del órgano competente de la evaluación ambiental estratégica de un proyecto.
Santiago. A través del proyecto de ley de acompañamiento remitido al Parlamento, el Gobierno gallego modifica también la ley de prevención de incendios con el fin de “clarificar” que la obligación de gestionar la biomasa “se extiende a todo el año”, si bien se mantiene el mes de mayo como fecha tope para tener terminadas estas tareas de limpieza de parcelas de las franjas de seguridad.
En el texto legislativo se recoge igualmente que en estos casos se exceptúan los supuestos en los que, “por la extensión o especial dificultad de las labores” de gestión de biomasa o retirada de especies arbóreas, se necesite una planificación anual de las actuaciones, la cual tiene que ser aprobada por la administración forestal.
En el caso de incumplimientos, se enviará una comunicación al titular de la parcela con un plazo de 15 días para que ejecute los trabajos –o de tres meses en el caso de franjas laterales de vías de comunicación–.
Si no se lleva a cabo, se realizará de forma subsidiaria y se repercutirán los costes. Además, en los años siguientes, en estos casos de incumplidores, esas tareas de desbroce deberán estar completadas antes del 1 de abril. En posteriores ejercicios, llegada esa fecha se podrá proceder a la ejecución subsidiaria de forma “inmediata” para agilizar los trámites. Esto irá unido a una infracción administrativa y sanción.
REFORMA DE LEY DE RECUPERACIÓN DE TIERRA. Por otra parte, en esta ley de acompañamiento se incluye paralelamente una reforma de la ley de recuperación de tierra agraria, que fue aprobada este año, para establecer la herramienta de concierto de contratos temporales con agentes productivos de cara a la ejecución de obras de polígonos agroforestales y aldeas modelo.
Para este fin, la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural aprobará las condiciones generales para realizar estas obras, así como los negocios jurídicos derivados. Estas inversiones tendrán la naturaleza de anticipo reintegrable, y se compensarán con cargo a las tarifas que fije la Axencia, cuya cuantía y plazo de reintegro se determinarán con base a la tipología del aprovechamiento a realizar. Esta actividad de prestación de servicios que se pone a la disposición de los agentes productivos tendrá la consideración de servicio público. e.p.