Ocho horas de registro en Alu Ibérica para buscar pruebas de irregularidades en la venta

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entraron poco antes de las nueve de la mañana de ayer en la factoría de Alu Ibérica en el polígono herculino de Agrela. Hicieron un registro por decisión el juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, para buscar documentos ante la presunta despatrimonialización fraudulenta de esta fábrica y la de Avilés. El operativo desplegado se realizó a la vez en la ciudad asturiana y en las oficinas de Madrid, Málaga y Castellón, donde hubo cuatro detenidos, dos de ellos en la capital de España. Todos van a prestar declaración hoy.

En la actuación policial, que se prolongó durante casi ocho horas, participaron un centenar de funcionarios de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, así como de integrantes de la Inspección de Trabajo y también de la Seguridad Social, según informó la Jefatura Superior de Galicia. Hubo once registros en varios domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y en un despacho de abogados.

QUERELLA ADMITIDA. Los registros son consecuencia de las Diligencias Previas 57/2020, declaradas secretas y coordinadas por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Ésta persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones. Hay que recordar que la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales contra Alcoa y otras nueve personas físicas y nueve jurídicas, por supuestas irregularidades en la venta de las plantas de Aloca en Avilés y A Coruña, fue admitida por la Audiencia Nacional el pasado 22 de diciembre.

Al respecto, la titular del juzgado Central de Instrucción nº 3, María Tardón, explicaba en un auto fechado el último 12 de febrero, por el que rechazaba el recurso de apelación de un querellado, que en un “momento procesalmente tan temprano” no es posible afirmar si hubo o no hecho delictivo; lo que trata la instrucción es precisamente “comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia”, recuerda Efe.

HISTORIA. En el escrito de la querella de la Confederación de Cuadros y Profesionales se relata lo sucedido desde que el 17 de octubre de 2018 Alcoa anunció que cerraba las fábricas de A Coruña y Avilés, alegando los altos costes del precio de la energía en España, la bajada de la demanda mundial del aluminio y que ambas factorías precisaban modernizarse lo que supondría un gran coste para la compañía.

Tras la presión sindical y múltiples gestiones de las administraciones, central y autónomica, la multinacional norteamericana cambió de planes y aceptó que se buscara una empresa que la adquiriera. Y tras varios principios de acuerdo, al final el 31 de julio de 2019 vendió ambas fábricas al fondo de inversión suizo Parter Capital, garantizando la continuidad de la plantilla durante dos años.

Pero en plena pandemia, el 15 de abril de 2020, Parter cede la mayoría del capital (un 75%) de las factorías al Grupo Industrial Riesgo, que las denomina desde entonces Alu Ibérica. Lo hizo sin informar previamente ni al Ministerio de Industria, ni a la Xunta, ni al Principado, ni a la representación laboral. El 9 de mayo siguiente Alcoa consideró que Parter incumplió la venta y le exigió que rompiera lo acordado con Riesgo.

Los querellantes manifiestan que, en el transcurso de las negociaciones para evitar el despido colectivo por extinción de empleo anunciado en el otoño de 2018, se engañó a los sindicatos. Por su parte éstos, desde que Riesgo se hizo cargo de las factorías, han denunciado reiterativamente la falta de capacidad de los gestores para impulsar la fabricación de aluminio, así como retrasos en las nóminas y despidos. Lo último es causa de la huelga actual en A Coruña.