Presentadas 24 demandas por ocupación de casas en el primer trimestre de 2020

En el primer trimestre del presente año, en los juzgados gallegos ingresaron 24 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, Lo recoge el informe trimestral del Consejo General del Poder Judicial, facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Xustiza.

No obstante, con motivo del confinamiento durante el estado de alerta es probable que en el segundo trimestre aumente la cuantía, algo que se comprobará en el otoño cuando se conozca el siguiente informe. Casos en todas las grandes ciudades gallegas saltaron a la opinión pública en los últimos meses, y no son precisamente en los edificios abandonados o en ruinas.

En A Coruña entraron en un lujoso chalé propiedad de un banco desde la anterior crisis, pero también en viviendas para alquilar en el pleno centro de la ciudad. Esto último asimismo sucedió en Santiago de Compostela, Ourense y Vigo. En Lugo se enfrentaron a los propietarios esta misma semana. Las incidencias al respecto son continuas, y las autoridades, tanto locales como autonómicas, reclaman garantías judiciales para poder desalojarlos.

Sin embargo, si en el primer trimestre del presente año fueron 24 las demandas judiciales interpuestas para resolver otras tantas ocupaciones ilegales, en el mismo trimestre de 2019, la cifra había sido de 33. Es decir que existe un retroceso, al menos estadístico. Por otra parte, en el cómputo de enero, febrero y marzo, los juzgados gallegos resolvieron 31 procedimientos de este tipo y dejaron además otros 52 en trámite.

DESCENSO DE LANZAMIENTOS. En los procesos de ejecución de los desahucios, el informe apunta que en el período analizado experimentó una bajada del 35,2% respeto al mismo trimestre de 2019. En cifras, se pasó de los 648 a los 420. Y hay que precisar que de ellos, 53 se produjeron a consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, frente a los 110 que hubo por este motivo un año antes, lo que supone una bajada en la comparación interanual del 51,8%.

Ahora la principal casuística de los lanzamientos, no solo en la autonomía sino a nivel del Estado, son los procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir el impago del alquiler de la vivienda o de un local comercial. Sumaron en el primer trimestre de este año la cifra de 354, retrocediendo un 29,9% ya que en dicho trimestre de 2019 se habían contabilizado 505. Y en los que son de otras causas también bajaron de 33 a 13 en la comparativa interanual.

El documento Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial también dice que las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Galicia en el trimestre analizado bajaron un 37,1%, presentándose 163 procedimientos por 259 en ese período de 2019.

En cuanto a las reclamaciones por cláusulas suelo la disminución fue de un 51,8%, al pasar de 1.321 a 636. Y pese al retraso, dichos procesos en trámite también retrocedieron un 16,5%, al quedar 7.213 a 31 de marzo, por los 8.644 del mismo día de 2019.

Otra cuestión analizada son los concursos ante los juzgados del mercantil en lo que no hay variación: de 82 entre enero a marzo de 2019, a 80 en el presente año, lo que supone un descenso del 2,4%. Pero en los de las personas naturales no empresarias aumentaron de 47 a 81 casos.

Además en el ámbito laboral hubo 19 ERE, por 16 en el mismo período de 2019, y las 1.394 demandas por despido presentadas suponen un descenso interanual de un 3,4%. Finalmente se presentaron 9.412 procedimientos monitorios contra los 10.111 del 2019, lo que en esta comparativa, la bajada es del 6,9 %.