Siete autonomías, entre ellas Galicia, recurrirán el blindaje de los lobos

Santiago. Las comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid y Región de Murcia han anunciado en los últimos días que presentarán un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional con el propósito de lograr que se paralice la orden que impide cazar lobos en España que propuso el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y que posteriormente avaló el Consejo de Estado.

La decisión de incluir a “todas” las poblaciones del lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), que implica la prohibición de cazarlo en toda España, ha provocado el rechazo en las mencionadas autonomías. El PP anunció, tras conocer esta orden, que las comunidades gobernadas por su formación, --Galicia, Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid y Región de Murcia-- presentarán un recurso contencioso en contra de esta orden. Además se sumaron Asturias y Cantabria.

La orden ministerial entró en vigor el pasado miércoles tras haber sido publicada el martes, 21 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado.

RADICALMENTE EN CONTRA. Según ha expresado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con esta prohibición el Ejecutivo regional se queda “sin cobertura para financiar los ataques del lobo”. A sus declaraciones se sumaron también las de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que dijo que la medida iba a afectar especialmente a Galicia y que se ejecutaba sin basarse en ningún estudio científico.

Por su parte, la Junta de Castilla y León también afirmó que está “radicalmente en contra” porque perjudica a los intereses generales de la comunidad, pero no solo a los suyos, sino a los de Galicia, Asturias o Cantabria, los de 11 CCAA, “la mayoría”, que estaban en contra de la inclusión del lobo en el Listado.

Además de las comunidades, diversas entidades, entre ellas Asaja, COAG y UPA han acusado al Gobierno central de “condenar a la ganadería a su extinción al blindar al lobo” y consideran esta norma “ajena” a los intereses de la ganadería y del medio rural”.

SIN HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LA ESPECIE. Según el Principado de Asturias, la publicación de la orden ministerial ha provocado “una situación de inseguridad jurídica” en el modelo de gestión de esta especie en Asturias, dado que el cambio en la calificación de este cánido afecta al II Plan de Gestión del Lobo, actualmente en vigor.

En esta misma línea, el secretario general del PSOE en Cantabria y vicepresidente de su Ejecutivo autonómico, Pablo Zuloaga, ve preciso recurrir la decisión del Gobierno sobre la protección del lobo porque las comunidades “se quedan sin herramientas” para gestionar la especie.

Asimismo, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Euskadi, Arantxa Tapia, ha reclamado un plan de gestión del lobo que permita “casar” los intereses de los ganaderos con la protección de esta especie. “Lo que no puede ser es que se establezcan unas medidas de protección del lobo desde un despacho, alejado de la vida rural”, ha advertido la consejera vasca la semana pasada. Europa press