Vilagarcía, Arteixo y Ribeira son los ayuntamientos gallegos con mayor número de viviendas vacías: más de 3.500

En Galicia hay actualmente unas 330.000 viviendas vacías a merced del nuevo presupuesto recargo del IBI de hasta el 150 %. De aprobarse, serán los propios ayuntamientos los que decidan si aplicarlo o no. Repasemos cuáles son, a día de hoy, las comarcas y los municipios con mayor número de domicilios inocupados y, por tanto, aquellos a los que más podría afectarles la entrada en vigor de esta norma.

Por comarcas, como no podía ser de otro modo, a la cabeza del número de viviendas vacías se sitúan las que albergan a las siete grandes ciudades gallegas, que son también aquellas donde hay mayor número de edificaciones: A Coruña, con 35.231 espacios habitables sin ocupar de entre el total de 220.675 viviendas; Vigo, con 27.497 de 207.672; y Ourense, con 20.728 de 94.686.

Dejando a un lado y sacando de la ecuación a estas grandes ciudades, las comarcas con mayor número de viviendas vacías serían O Salnés, con 12.717 de las 65.249 que alberga en total; Barbanza, con 8.576 de 37.543; y Bergantiños, con 8.169 de 39.297. Y, por la cola, las comarcas que menos inmuebles inocupados tienen serían las de Meira, con 497 de 3.547; A Fonsagrada, con 703 de 4.044; y Quiroga, con 785 de 4.922. Como se observa, en las primeras vive gran número de población y están cerca de la costa, mientras que las segundas son zonas interiores más despobladas.

Sin embargo, el dato más relevante no sería el de viviendas inocupadas, sino el de porcentaje de solares vacíos frente al total, lo que cambiaría por completo la tabla de posiciones. A los primeros puestos subirían A Mariña Central, con un 27,98 %; O Ribeiro, con un 27,83 %; y Terra de Soneira, con un 26,11 %; y a los últimos pasarían Baixa Limia, con un 13,46 %; Meira, con un 14,01 %; y Caldas, con un 14,29 %. Entre las grandes ciudades, los porcentajes se moverían en una horquilla que va desde el 13,24 % de Vigo hasta el 21,89 % de Ourense.

Pasando al análisis por municipios en el conjunto de Galicia, sería el de Vilagarcía de Arousa el que –sacando del ránking a las siete grandes ciudades– contaría con mayor número de viviendas vacías: 4.411 de un total de 19.751; seguido de Arteixo, con 3.918 de 17.658; y Ribeira, con 3.760 de 16.251. Mientras en la cola estarían Dodro, con siete de 2.061; Dumbría, con 20 de 1.068; y Negueira de Muñiz, con 35 de 192; y Vilar de Santos, con 35 de 524.

Ahora bien, por porcentajes de vivienda inocupada sobre el total de edificaciones, el balance cambiaría. Los primeros puestos serían para Porqueira, con un 40,62 % de pisos sin nadie habitándolos; Melón, con un 37,35 %; y Ramirás, con un 35,42 %. Todos ellos situados en la provincia de Ourense. Por detrás de todos estarían Dodro, con un 0,68 %; Dumbría, con un 1,87 %; y Mos, con un 2,66 %.

Asimismo, en las siete grandes ciudades el número de viviendas sin moradores se extendería desde las 6.886 de Pontevedra hasta las 19.283 de A Coruña. Y por porcentajes, desde el 12,94 % de Vigo hasta el 21,70 % de Ourense.

VISIÓN DE LA FEDERACIÓN GALEGA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS. Así las cosas, desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), advierten de la “preocupación, incertidumbre e inseguridad jurídica” del anuncio de una nueva norma “difícil de entender”, que significa, en su opinión, “una intervención de facto del mercado de la vivienda cuestionando incluso la propiedad privada”, rozando así “lo inconstitucional”.

Fegein considera que el sector de la vivienda no es un mercado y tratarlo como tal “sería un muy grave error con consecuencias económicas y de empleo impredecibles”. Por ello, de aprobarse esta ley de recargo del IBI hasta el 150 %, verían violado el artículo 31 de la Constitución, que habla sobre el libre derecho de la propiedad privada.

Asimismo, añaden que la Ley de Vivienda pactada por el Gobierno bipartito “no deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación e incentivos fiscales para bajar los precios”. Así, optan por “un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación y excesiva burocracia que solo crea inseguridad jurídica y desigualdad”.

“No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben”, afirman, añadiendo la necesidad de “sacar suelo urbanizable al mercado lo antes posible para abaratar los precios”.