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En los cinco penales gallegos se supera la media estatal de presos con graves trastornos mentales

Hay 201 internos diagnosticados por sus conductas agresivas// Representan el 6,3% frente al 4% del total de cárceles españolas

    • 14 sep 2019 / 23:35
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    201 de los 3.270 presos recluidos en las cárceles gallegas presentan trastornos mentales graves, de los cuales un 20% vive de manera habitual en las enfermerías de los centros penitenciarios al existir riesgo de conductas peligrosas. Más de la mitad, 104 concretamente, de los que tienen este tipo de problemas se encuentran cumpliendo condena en la cárcel de Teixeiro, en Curtis-A Coruña, considerada una de las más conflictivas del sistema penitenciario de nuestro país, donde a 31 de marzo de este año había 1.260 internos.

    En A Lama, la otra gran cárcel de la comunidad, conviven 1.250 personas, entre las que se encuentran 61 reclusos con patologías de tipo mental que están calificados como conflictivos. Bonxe (Lugo) con 18 afectados de una población encarcelada de 270; y Monterroso (Lugo) y Pereiro (Ourense), con 9 en cada uno de los dos penales en los que habitan, respectivamente, 214 y 276 prisioneros preventivos o ya condenados.

    El porcentaje de prisioneros con este tipo de dolencias en las cárceles gallegas se sitúa por encima del 6,26 %, más de dos puntos por encima de la media estatal; lo que significa que nuestra comunidad acoge, porcentualmente, al mayor número de internos con problemas mentales. Un ejemplo: en los siete recintos penitenciarios de Madrid (que son donde se encuentra el mayor número de presos) hay 169 con problemas de conducta derivados de sus demencias o ttrastornos similares.

    En una respuesta del Gobierno al diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu se desglosa por prisiones los 1.834 internos con este diagnóstico que figuran en el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM).

    En torno al 4,2 % de los encarcelados en España ha sido valorado por los servicios médicos de las prisiones con al menos un trastorno de carácter grave, estima el Ejecutivo en la réplica por escrito.

    El 38,7 % tiene una patología dual; el 37,3 %, un trastorno psicótico; el 29,7 % de personalidad; el 16,7 %, afectivo, y el 12,4 % de otros tipos. Una suma de porcentajes que sobrepasa el cien por ciento debido a que hay internos con más de un diagnóstico.

    Alrededor del 16 % de los enfermos mentales graves reside en los espacios sanitarios de las prisiones (no hay salas exclusivas para los enfermos mentales) "al persistir conductas de riesgo" y comportamientos que "interfieren significativamente con el funcionamiento diario". El resto habita en los módulos y lleva una vida normal, si bien necesitan "seguimiento y participación en las actividades terapéuticas" del Programa de Atención.

    PERMISOS Y SALIDAS. Para la aplicación de la libertad condicional a los encarcelados con trastornos, como recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria, el Gobierno señala que son los médicos quienes deben informar a la Junta de Tratamiento si procede aplicar esa medida. "Cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables se incluirá en el expediente el informe médico acreditativo de la enfermedad, así como de la gravedad e irreversibilidad de la misma", indica la normativa actual.

    Instituciones Penitenciarias reclamó en repetidas ocasiones a las comunidades autónomas una mayor implicación con los internos con discapacidad en las prisiones, que alojan a más de 4.800 personas con algún tipo de discapacidad.

    La discapacidad psíquica es el trastorno más repetido (33,7 %), por delante de la física (26,1 %), intelectual (7,5 %) y sensorial (2,7 %). Los pluridiscapacitados representan el 29,9 %.

    No obstante, el 26 % de los reclusos discapacitados ingresan en prisión sin haber sido reconocidos como tales, una situación criticada en mayo por el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, quien puso de manifiesto que la detección de la enfermedad es "de vital importancia" para el preso, pues puede influir en las fases de instrucción, enjuiciamiento y ejecución del proceso penal.

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