El comité de la planta de Servia va a denunciar al alcalde de Ames por "vulnerar" su derecho a la huelga

Santiago/Lousame. La presidenta del comité de empresa de la planta de reciclaje de Servia (Lousame), María Victoria Fabeiro, anunció ayer que van a denunciar por lo penal al alcalde de Ames, Carlos Fernández, por -supuestamente- "vulnerar el derecho a la huelga" de los trabajadores de la empresa de recogida de basuras, y usar vehículos ajenos para retirar los residuos acumulados en su Ayuntamiento.

La portavoz del comité realizó estas manifestaciones tras ofrecer el secretario nacional de la Federación de Servizos de la CIG, Paulo Rubido, una rueda de prensa en Santiago para informar de la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de la capital gallega, en la que se declara legal la huelga que mantuvieron los trabajadores entre el 12 y 18 del pasado mes de noviembre. Ante el dictamen del juzgado compostelano, al que sólo cabe interponer recurso de súplica ante el TSXG, Rubido aseguró que la central nacionalista, junto al comité de empresa -ambos habían sido denunciados por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas que tiene concertada la prestación de recogida de basura con la mancomunidad Serra do Barbanza-, "seguirán denunciando la situación de la planta de Lousame", según recogió la agencia Europa Press.

Rubido señaló que la "campaña" que, en su día, emprendió Fernández en contra de la huelga, quien, según criticó el sindicalista en rueda de prensa, tildó la convocatoria de "política e ilegal" por su carácter "novatorio y rotatorio", tiene "un agravante" en el hecho de que el regidor de Ames sea también el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), subrayó Rubido.

María Victoria Fabeiro también se refirió a que la sociedad Ecoembes sólo recoge desde el 1 de enero el 30% del film que llega la planta de Lousame, por lo que reclama la mediación de la Xunta para garantizar la viabilidad del complejo.

Por su parte, el regidor amiense, el socialista Carlos Fernández, recordaba que esta polémica "é un tema cunha empresa que nin tan sequera é nosa", subrayando que "a cuestión foi que Ames quedou desatendido, e o meu obxectivo era restablecer o servizo, algo que acadamos en 4 horas"... labor por la que, opina, "nos adebedan 30.000 euros". Reseña que su relación se ciñe únicamente a la mancomunidad, y que si los representantes de los trabajadores emprenden acciones penales contra su persona, "non me agocharei", sin descartar además responder con la misma moneda.