El decretoley

EL Gobierno, como los gobiernos anteriores con mayoría absoluta, aprobó un decreto ley sobre medidas económicas, al amparo del cual se modifican de un plumazo 26 leyes, que nada tienen que ver con el tema; por ejemplo, el Registro Civil, siempre en los juzgados, pasa a los registradores. Ante tamaño dislate, la oposición protesta en bloque y el Gobierno, sin perjuicio de la ratificación de la norma, la presentará como proyecto de ley para disimular el pecado inicial. Es sabido que el decreto ley sólo se justifica por razones de necesidad y urgencia, concepto jurídico indeterminado que todos los tribunales pueden precisar.

Cualquiera de mi época y profesión recuerda la lectura diaria del BOE como un mandato imperativo; todo pasaba con normalidad hasta que llegaba la publicación de los Presupuestos Generales del Estado, en cuyo final se insertaba una Ley de Acompañamiento en la que cabía todo: en su virtud, lo mismo se modificaba la Ley de contratos del Estado, la Ley Hipotecaria y cualquiera que se pusiera a tiro y que quería hurtarse a la discusión en el Congreso. Estas leyes de Acompañamiento fueron criticadas por toda la doctrina (hay alguna página memorable de García de Enterría) hasta que terminaron por desaparecer. Pues bien, este decreto ley vuelve a las andadas y recae en el viejo vicio del poder ejecutivo de hurtar al legislativo lo que es de su absoluta competencia. Montesquieu ha muerto, dijo Alfonso Guerra una vez, pero eso no es para echar las campanas al vuelo.

Exsecretario de ayuntamiento