Las dudas de legalidad planean sobre las ideas de Feijóo para el gallego

La consulta a los padres para que elijan en qué lengua quieren que estudien sus hijos y la puerta abierta a la segregación le ha reportado a la Xunta críticas de profesores, padres y pedagogos. Pero éstas no son las únicas trabas que podría encontrarse en su reforma lingüística en la educación, que Alberto Núñez Feijóo volvió ayer a justificar apuntando que el actual decreto impone el gallego. La Justicia también podría frenar sus intenciones.

El presidente de la Xunta confirmó ayer que la anunciada consulta se realizará en breve, con la matrícula para el próximo curso escolar, apelando a la liberdad de los padres. Como recuerda la página web de Galicia Bilingüe en su inicio, con un corte de voz del propio Feijóo, este se comprometió a organizar una encuesta "que va a vincular" a su Gobierno, y en la que las familias dirán en qué lengua quieren que sus hijos cursen las materias troncales, a las que se refiere como "las importantes".

Doctrina del Constitucional

Luís Villares, juez y coautor de Estatuto xurídico da lingua galega, cuestiona desde diferentes puntos los planes de la Xunta. En 1994 el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la ley de normalización lingüística de Cataluña y dejó claro -resalta- que los padres no tienen derecho a elegir la lengua de la enseñanza.

"Esa facultade correspóndelle só ao poder público. O feito de que quixese descargar nos pais a responsabilidade de determinar cal é a lingua vehicular do ensino sería unha abdicación dunha función que lle corresponde legal e constitucionalmente, e xa que logo, sería ilexítimo", dice.

El juez es crítico además con el modo en que se está empleando el término libertad en todo este asunto. "Para que haxa liberdade de escolla ten que haber igualdade de condicións das linguas, e esa non é a situación que temos hoxe. E o que ten que facer a escola é precisamente prepararte para poder escoller".

Ese papel le exige al Gobierno una protección especial al gallego, añade. Es así porque tiene la obligación de fomentar la lengua que está en condiciones sociolingüísticas desfavorables, tal y como contempla la Lei de Normalización Lingüística (1983), que es en sí una asunción del poder legislativo de que el gallego está en desventaja.

La obligación también residiría en el artículo 9.2 de la Carta Magna, que le obliga a promover las condiciones para que "la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos" sean reales.

Más del 50%, lícito

Por eso -valora- la posibilidad de que más del 50% del currículo se imparta en gallego que recoge el decreto del bipartito es lícita, de acuerdo con el principio de la discriminación positiva para alcanzar la igualdad efectiva: "Para interpretar correctamente a lei temos que ter en conta os datos sociolingüísticos, que revelan unha perda progresiva de falantes e un ámbito raquítico no que o galego está normalizado. Todo o entramado social e desgaleguizador, e a única maneira que ten o poder público de neutralizalo é garantindo que no ensino se adquira unha maior competencia en galego".

El Tribunal Constitucional determinó además en los 80 que las leyes de normalización deben ser de aplicación gradual y progresiva. "E iso obriga a que se vaia de menos a máis, e cun horizonte definido, nunca unha política de normalización regresiva", recalca el experto.

Hacer lo contrario, como parece ahora pretender la Xunta de Galicia, iría en contra "da letra e o espírito" de la Lei de Normalización, pero también de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, un tratado internacional que España debe cumplir, y que reza que la enseñanza se vehiculizará en la lengua minorizada.

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