Exclusión financiera: una nueva discriminación
EN 2008 la Unión Europea (UE) examinó la problemática de la exclusión financiera en el estudio Financial services provision and prevention of financial exclusion, que tenía por objeto identificar y analizar las medidas políticas más efectivas para evitarla al estar directamente vinculada a la exclusión social, dado que existen causas sociales, como el envejecimiento, que, unidas al desequilibrio tecnológico, la aumentan.
Por ejemplo, se detectó que dos de cada diez adultos carecen de acceso a servicios bancarios transaccionales, como son las cuentas de ahorro y corrientes y las transacciones bancarias más básicas. Precisamente dentro de la UE, España es el segundo país con peor ratio de acceso a servicios bancarios tras Grecia.
En respuesta a dicha situación la UE promulgó la Directiva 2014/92/UE de, entre otros temas, el acceso a cuentas de pago básicas, que debería estar transpuesta a la legislación española no más tarde de septiembre de 2016, lo que se ha hecho en noviembre con más de un año de demora, gracias al Real Decreto-ley 19/2017 que define la 'Cuenta de Pago Básica' como aquella cuenta de pago abierta en una entidad de crédito que permita prestar, al menos, los servicios de depósito de fondos, retirada de dinero, domiciliaciones, tarjeta de débito y transferencias, sujeta a comisiones máximas que establecerá el Ministro de Economía, Industria y Competitividad.
Parece evidente que se logrará disminuir la exclusión financiera relacionada con los costes de administración y mantenimiento de cuentas bancarias, pero en casos como el de Galicia la exclusión presenta un agravamiento derivado de la dispersión y el envejecimiento de la población de las zonas rurales, donde se concentran muchos ahorradores que no solo se ven penalizados por los tipos de interés próximos a cero, sino que al renunciar la banca a la competencia en la captación de depósitos, le cierran las oficinas que tenían accesibles. No se trata de una afirmación gratuita. En septiembre de 2007, Galicia contaba con 2.517 oficinas bancarias, con datos a junio de 2017 se han reducido a solo 1.580, casi mil oficinas menos y una cifra similar a la anotada en diciembre de 1977, hace 40 años. Más del 20 % de concellos gallegos ya carecen de oficina bancaria, concentrándose el problema en las provincias de Lugo y Ourense.
Por ello considero que en entornos urbanos, con oficinas o internet accesibles, las cuentas de pago básico serán útiles, pero en la Galicia rural en absoluto. Quizás, como se ha hecho en Francia, Italia o el Reino Unido, habría que recurrir a las oficinas de correos o fomentar las cooperativas de crédito, rebajando sus elevados requisitos de capital mínimo.
Economista