Gobierno y Xunta, obligados a pactar
La Xunta, el PP, el BNG, los empresarios, los tres grandes sindicatos, las diputaciones y otras muchas entidades e instituciones respaldan el derecho de Galicia a decidir sobre nuestro sistema financiero, y apoyan la ley de cajas recientemente aprobada en el Parlamento. La foto del viernes, todos unidos, refleja el sentir mayoritario de la sociedad gallega. El PSOE no se sumó. Ello no significa que esté en contra de este derecho, sino del contenido de esta ley. Sin embargo, dadas las manifestaciones divergentes en su seno, a los socialistas hay que pedirles claridad en su postura y unificar el mensaje. Caballero, Losada y Vázquez deben mantener el mismo discurso y defender idénticos postulados en toda Galicia.
La actitud del Gobierno central también es difícil de entender. En primer lugar, da la impresión de que no mide a todas las comunidades por el mismo rasero. Si considera que existen indicios de ilegalidad, su deber es tratar de remediarlo antes de que se produzca un daño irreversible, como puede ser el caso. Al menos hasta ahora, todos los intentos realizados desde Galicia para abordar la negociación han fracasado. Fueron respondidos con un silencio o evasivas que no pueden más que interpretarse como desprecio a nuestras instituciones, entre ellas al Parlamento. Dado el desarrollo de los acontecimientos, pareciera que el rechazo obedece a razones extrajurídicas.
El proceder del Ejecutivo no ha sido leal. Pero aún está a tiempo remediarlo. La Xunta y demás organizaciones deben moderar sus pronunciamientos y evitar condiciones previas. En aras a la consecución del objetivo final merece hacer un esfuerzo por parte de todos, apartándose de intereses que no sean los generales. El Gobierno, con cuatro ministros gallegos, debe ser más sensible a lo que se quiere y en justicia corresponde a Galicia. Siempre es preferible un mal acuerdo -no tiene por qué ser así- a un pleito. Pactar es la única opción. Háganlo.