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Magistrado del Juzgado N.º 8 de la Violencia de Madrid

Javier Pérez-Olleros: “El menor es el gran olvidado de nuestra Ley de Violencia de Género”

El magistrado admite que el documento legal es mejorable y dice que no ha fallado, “sino que nunca se ha dotado” correctamente ·· “Han estado ocultando el problema durante mucho tiempo” ·· La inmigración ha agravado la situación al pasar de un elemento de extranjería del 4 al 17 por ciento

  • 08 mar 2009 / 23:58
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"Yo estoy voluntariamente en el mundo de la violencia de género, porque soy de los que creo que la familia es el pilar principal de una persona". Javier Pérez-Olleros habla claro de la escasez de recursos que afecta al mundo en el que se mueve a diario. Hace una especial mención a la situación de los menores y es consciente de que sus decisiones son "algo con lo que hay que convivir día a día".

_¿Qué es y cómo funciona un juzgado de violencia?

_Un juzgado de violencia para la mujer es un juzgado especializado de instrucción con competencias civiles en materia de violencia de género, entendiendo por violencia de género aquella del hombre contra la mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja aún sin convivencia.

_En materia de violencia, las decisiones judiciales suelen ser muy controvertidas. ¿Es consciente del papel que juega?

_Yo soy juez desde el primer momento hasta el último y todo el mundo tiene el derecho a defensa y a que se consideren unas circunstancias atenuantes, que pueden dar lugar incluso a una inimputabilidad del sujeto, porque tenemos que trabajar solo sobre hechos probados. Yo sé que eso no se entiende normalmente desde la opinión pública. Pero el juez tiene que estar para las buenas y para las malas y debe aguantar la presión social. Un juez debe mantenerse en la imparcialidad, pero no es cierto que nos alejemos de nadie a pesar de que mantengamos una distancia propia de la función que se nos ha encomendado. Y vaya por delante que estamos hablando de un problema muy grave, en ningún caso de una exageración feminista.

_ Desafortunadamente, en estas semanas ha vuelto a saltar a la luz el problema: en el caso Marta del Castillo se ha dicho que la Ley de Violencia de Género ha fallado ¿Cuál es su opinión?

_ En absoluto. Que podría haberse hecho una ley mejor si estoy de acuerdo, que tendrían que hacerse reformas en esta, también, pero siempre se dice que la Justicia ha fallado y que hay que buscar sistemas alternativos de resolución de conflictos. Yo soy muy partidario de la conciliación y la aplico mucho, pero si nunca se han puesto los medios adecuados y los recursos, nunca podremos saber si son los órganos judiciales los que fallan. En la Ley de Violencia pasa lo mismo, la pusieron en marcha el 21 de diciembre de 2004 y en Madrid había dos juzgados para atender a una población de más de cuatro millones de personas. Es un insulto y una estafa al ciudadano. Ahora hemos pasado a diez juzgados. En Madrid han estado ocultado la existencia de violencia durante mucho tiempo. No es que hayan fallado, es que nunca los han dotado hasta ahora, por eso hubo que hacer un plan de urgencia en diciembre de 2007 porque iba a ser un caos. Hablamos de Madrid, pero es una situación que se puede extrapolar. Es por esa razón y no por otra por la que los jueces se han puesto en huelga.

_ ¿Y cómo vio la jornada de paro?

_ Yo creo que fue un éxito. Lo cierto es que hasta ahora los políticos no se habían puesto nunca las pilas o cuando lo habían hecho nunca había sido con un pacto para la justicia.

_ ¿En qué medida ha agravado la inmigración el problema de la violencia de género?

_Ha sido determinante. Hay que pensar que no hace mucho, en España estábamos en un elemento de extranjería del 4% y hemos pasado al 17% (el elemento de extranjería es hombre español casado con mujer extranjera). Luego, como es natural surgen las casuísticas, es muy distinto el elemento sudamericano, con mucho más apoyo social que el africano o chino. Las chinas, por ejemplo, es muy difícil que denuncien, si lo hacen es que la situación es ya muy precaria. El problema cultural es muy distinto según las zonas.

_ Usted ha incidido en que el concepto de violencia de género abarca también a los jóvenes y a los mayores.

_Es cierto. El caso de los menores, es tremendo, son los grandes olvidados de la ley. Una mujer adulta aguanta una agresión y un acto voluntario, su compañero ha ido socavándole su voluntad, pero en muchas ocasiones continúa con él. Desde el punto de vista legal, puedes informarla, asesorarla, tiene capacidad para poder llegar a comprender las cosas. Un menor que ve a su padre en esa situación es una víctima y la ley prácticamente no contempla medidas destinadas a él. En más de una ocasión he tenido que contenerme las lágrimas. La separación de unos padres en separación de violencia es una situación tremenda en la que sí que habría que actuar.

_ Los juicios rápidos también levantan diversidad de opiniones ¿Cuál es su valoración?

_ Estoy convencido de que son positivos. Yo, personalmente, en 2007 instruí más de 5.000 diligencias e hice 500 juicios rápicos. Es lógico que haya divergencia de opiniones porque todos queremos trabajar con calma, pero, con semejante caudal de trabajo, eso es una utopía. En primer lugar, la mujer quiere una solución urgente, quiere saber dónde van a dormir sus hijos y ella misma esta noche. En los juicios rápidos se dan muchas competencias a la Policía para que actúe realizando un protocolo completo de actuación. No se trata de apurar, se trata de dar una solución, aunque no sea la mejor. Es algo así como un traje a medida.

 ffranjo@elcorreogallego.es

 

 

Panorama desalentador en los juzgados

Solo el 34% están adecuados

"Yo soy algo así como un psico, juez", señala el magistrado madrileño al que no le duelen prendas a la hora de señalar la escasez de recursos en los que trabaja a diario. "Solo un 34% de los juzgados tienen dependencias adecuadas para las víctimas", apunta. Y es que la falta de oficinas, la ausencia de equipos psicosociales o unidades de valoración del riesgo, así como una mejor coordinación con los servicios sociales o puntos de encuentro familiar, son algunas de las deficiencias detectadas por el último informe elaborado por el Observatorios de la Violencia de Género. Según los datos del citado informe, de los 405 juzgados que colaboraron, solo 39 ( apenas un 9,63%) contaba con brazaletes o pulseras electrónicas en su partido judicial para proteger a las víctimas y detectar si el agresor rompe la orden de alejamiento.

En cuanto al médico forense, figura esencial para atender a la víctima y al agresor, solo un 9,8 lo tiene de forma exclusiva y más de la mitad lo comparte con otros partidos judiciales. El propio Pérez-Olleros incidió en la importancia de las unidades de valoración forense integral, básicas en el proceso para la decisión judicial. Pese a ello, solo el 11% de los juzgados la poseen dentro de su partido y casi la mitad ni la tienen dentro de su provincia. Y en materia de formación: más del 50% de los jueces no ha recibido formación alguna en materia de violencia de género n

 

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