"No aceptó las reglas de juego de un país corrupto y lo mataron"

"Sabemos que no es verdad el montaje cutre antidroga y de disparos; no quiso aceptar las reglas de juego y extorsión de un país corrupto y lo mataron". Amigos y conocidos del coruñés Diego Bello Lafuente, de 32 años, que murió este miércoles en Filipinas a manos de la Policía durante una operación antidroga, según la versión del portavoz de la Policía Regional de Siargao del Norte, reivindican su inocencia y piden "justicia" a través de varios mensajes en las redes sociales. "En poco tiempo media isla sería suya y eso no gustaba", incide uno de los mensajes enviados a través de las redes sociales, donde son varios los comentarios que califican al fallecido como una "bella" y "excelente" persona.

Diego Bello Lafuente, cuyos padres regentan una tienda de artesanía en la Rúa do Vilar, en el casco histórico de Santiago, llevaba dos años residiendo en Siargao, una isla situada 800 kilómetros al sureste de Manila y muy popular entre surfistas, donde tenía varios negocios: un hotel, un local de ocio o una tienda de ropa.

"Ha sido un asesinato por no dejarse extorsionar. Queremos justicia para Diego y no dejaremos de pedirla", recoge uno de lo tuits dedicados al surfista coruñés. En este sentido, tanto su entorno familiar como amigos rechazan cualquier vinculación del joven fallecido con las drogas. Asimismo, también descartan, en respuesta a la información difundida sobre cómo se produjo la muerte, que Diego Bello, muy vinculado al mundo del surf, usase pistola. "Es imposible que alguien como tú, supiera tan siquiera usar un arma", inciden a este respecto en las redes sociales.

Tras el suceso, la Policía filipina señaló que Diego Bello Lafuente era un "traficante de drogas de alto valor", que llevaba encima 10 gramos de cocaína y 30.000 pesos filipinos en billetes marcados (600 dólares), y valoró la acción como una "operación exitosa en la lucha contra las drogas".

Asimismo, señalan que "fue una operación en legítima defensa", indicó el portavoz de la Policía Regional de Siargao del Norte, Reynel Serrano, quien relató que el joven surfista gallego llevaba una pistola calibre 45 y disparó primero a los agentes.

Sin embargo, tal y como publica El Español, el día del suceso, Diego estaba en su local cuando la Policía entró con la intención de clausurar el establecimiento al público. "Llegaron a cerrarle el establecimiento. Gritaron que todos al suelo y Diego les pidió explicaciones. No se las quisieron dar y directamente se lo bajaron", según el relato de uno de los testigos de los hechos. En este sentido, sostienen que su muerte podría ser el resultado de que el joven coruñés no accediese a los chantajes de los que lo querían hacer objeto las autoridades locales.

Tras el trágico suceso, la embajada de España en Filipinas ha comenzado a recopilar información sobre las circunstancias en las que tuvo lugar, y no ha querido hacer ningún comentario sobre el que podría ser el primer español que matan en la sangrienta guerra contra las drogas que se está desarrollando en el país asiático.

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos han denunciado que la Policía filipina falsifica pruebas para justificar ejecuciones extrajudiciales en la sangrienta guerra contra las drogas que comenzó hace tres años bajo el mandato de presidente Rodrigo Duterte.

En este sentido, Naciones Unidas y defensores de derechos humanos han criticado el clima de impunidad en el que se desarrolla la campaña antidroga en la que hasta el momento han muerto unas 30.000 personas, la mayoría de ellas en ejecuciones extrajudiciales. La Policía filipina ha admitido haber matado en redadas a unos 6.700 sospechosos, aunque alegan que todos ellos se resistieron previamente al arresto.

Un reciente informe de Amnistía Internacional (AI) advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad y documenta decenas de ejecuciones extrajudiciales en Filipinas, que son el modus operandi generalizado en las redadas antidroga, en las que "la Policía mata impunemente". Según AI, se han producido más de 27.000 asesinatos en tres años, aunque la Policía solo admite 6.700 muertos en operaciones antidroga. Amnistía Internacional pidió a la ONU que abra una investigación para "poner fin a esos crímenes, hacer justicia e indemnizar a las familias de las víctimas".