Nueva plataforma para luchar contra los pisos turísticos ilegales

Representantes vecinales, hosteleros, inmobiliarias y de estudiantes Erasmus, entre otros, han constituido una nueva plataforma cívica, social y empresarial para intentar poner freno a la situación de ilegalidad de muchas plazas de vivienda de alojamiento turístico y las consecuencias que tiene tanto en el ámbito social como económico. La Asociación Hostelería Compostela, Apartugali, la Asociación Galega de Inmobiliarias, la Unión Hotelera Compostela, Raigame, Barrio Xardín, Erasmus.gal y Compostela Trip Rental presentaron ayer el manifiesto fundacional de la Plataforma por la Regulación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia, que nace con vocación de observatorio del cumplimiento de la legalidad y como instrumento "facilitador" de que las denuncias de las irregularidades lleguen a la autoridad competente en la materia.

Carlos Debasa, presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalín) y encargado de leer el documento, denunció que los cálculos indican que hay más de un 80 % de plazas sin legalizar en toda Galicia que se ofertan en portales on-line, y que no ofrecen las garantías que ampara la legislación para asegurar los derechos de los consumidores y los ciudadanos.

Las consecuencias de esta situación, subrayó, "son patentes y conocidas": caída de la oferta de vivienda en alquiler, precios inasumibles para los vecinos, despoblación de las zonas de mayor demanda turística, tendencia a una oferta de negocios centrada en esta actividad o desplazamiento progresivo de la población, enumeró Debasa.

Esta falta de plazas de vivienda afecta, además, al modelo de ciudad que, en el caso de Santiago, tiene un componente añadido por la comunidad universitaria. En este sentido, la plataforma se refirió a los problemas que tienen los estudiantes y, en particular, los Erasmus que realizan su formación en la ciudad, puesto que se ven obligados a quedar al margen de la "vida social" y dificulta su integración. Los objetivos de la nueva plataforma se dirigen, específicamente, en hacer frente a los casos de irregularidades y ofrecer su colaboración a las administraciones públicas para asegurar el cumplimiento de la ley y paliar las consecuencias de esta alegalidad.

"Nada justifica que se pierda de vista la problemática social que hemos mencionado, ni que se dejen de adoptar medidas inspectoras y sancionadoras en casos de ilegalidad", consideraron. En este sentido, se sitúan como canalizadores "de toda irregularidad, casuística o estructural", hacia el Instituto Galego de Consumo, pero siempre desde "un papel constructivo" para formular y proponer alternativas y realizar aportaciones a nuevas normativas. De hecho, quieren ser uno de los actores en la mesa constituida por la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago de cara a la elaboración de la regulación y normativa municipal en esta materia.

La Plataforma por la Regulación de Viviendas de Uso Turístico engloba a más de 700 empresas y a más de 10.000 vecinos.