El paro dispara las altas en la renta básica de inserción social

La Renda de Integración Social de Galicia (Risga) se reguló en 1991 con el doble propósito de aportar unos ingresos de subsistencia a hogares sin recursos y promover las condiciones para la reintegración social y/o laboral de sus miembros. Su ley de base, elaborada en un período libre de crisis económica, definió unos criterios de acceso que, en la práctica, dieron respuesta a dos perfiles mayoritarios (minoría étnica y monoparentalidad), sobrepasados desde 2009 por la situación de crisis y la destrucción de empleo.

La Risga ha venido aglutinando al núcleo duro del paro estructural, y su componente de inserción ha perdido fuelle, con menos de un 20% de inserciones laborales al año, y más de un 30% de usuarios cronificados: con sucesivos reingresos o largos periodos de permanencia que, el cabo de cuatro años, se traducen en una reducción de la cuantía (Risga B).

La urgencia por reformar la prestación para aumentar su eficacia en inserción quedó recogida en 2008 en la Lei de Servizos Sociais, y se acrecentó en los últimos años a raíz del impacto de la recesión económica, que ha dirigido hacia el dispositivo a muchos trabajadores que han agotado su prestación por desempleo.

Según analizan los acuerdos del Diálogo Social firmados en julio de 2010, la demanda de la prestación aumentó especialmente en 2009, momento en el que los trabajadores golpeados por las primeras manifestaciones de la crisis empezaban a perder el subsidio de desempleo. Aunque las medidas especiales para parados sin cobertura (la paga especial de 426 euros) contuvieron el potencial incremento de usuarios de la Risga, la situación económica ha incrementado el número de nuevos perceptores, evidenciando la incorporación de nuevos perfiles y de personas que nunca antes habían recurrido a este dispositivo.

Entre febrero de 2006 (antes de la crisis) y 2009, el volumen de nuevos usuarios pasó del 42 al 58% (16 puntos más) mientras disminuyó levemente el de usuarios crónicos: del 19 al 16%. La crisis se ha dejado notar también en una incorporación de hombres mayor de lo habitual en una prestación tradicionalmente feminizada.

2009 registró el mayor incremento, tanto en solicitudes de acceso (un 24,% más de las recibidas en 2008), como en número de perceptores (9,33%), hasta cerrar el año con 4.798 usuarios en nómina. Y las cifras continúan creciendo, mientras sigue sin concretarse la nueva regulación de la Risga.

En diciembre de 2010 eran 4.989 las personas que dependían en Galicia de la renta de integración, y a 30 de junio de este año, el número alcanzaba 5.115, según datos facilitados por la Consellería de Traballo e Benestar, que en los seis primeros meses del año ha recibido 2.416 solicitudes de ingreso (fueron 3.638 en todo 2010).

Desde el comienzo de la crisis, el número de usuarios ha crecido un 17,5% en un sistema en el que la prestación media no alcanza los 390 euros al mes.

Las bases para la redacción de una nueva Risga más acorde con el escenario actual quedaron definidas en el verano de 2010 en la mesa 4 del diálogo social entre CCOO, UXT, patronal y Administración. Pero la presentación por parte de la Consellería de un borrador de texto articulado se demoró hasta la primavera, y, según apunta Adela Poisa, secretaria de Política Social e Seguridade Social de CCOO-Galicia, el último cronograma presentando oficialmente por la Consellería de Traballo e Benestar retrasa a marzo de 2012 la aprobación del texto definitivo en el Consello de la Xunta. Los tiempos, añade, son inadmisibles, de modo que en la reunión de la mesa 4 que tendrá lugar el 6 de septiembre, los sindicatos reclamarán la agilización de los trámites. Carmen Brea, secretaria de Servizos Sociais e Políticas de Igualdade de UGT-Galicia, confía en que la aprobación del nuevo texto "non pase deste outono".

La nueva prestación que han diseñado no presenta grandes incrementos en cuanto a las cuantías, pero sí en su compromiso con la inserción y la flexibilización de sus límites para dar cabida a nuevos perfiles y necesidades. La nueva renta se estructura en tres tramos: personal y familiar (renta básica de 399,51 euros más complementos por miembros a cargo, y un nuevo suplemento de alquiler), inserción (hasta 266,25 euros para cubrir gastos derivados de las acciones de formación y preparación para el empleo), y transición (a diferencia del modelo anterior, la Risga no se retirará por completo cuando el usuario acceda a un trabajo, sino que se reducirá progresivamente durante los seis primeros meses, para frenar vicios detectados en el modelo actual como la ocultación de actividades o la falta de incentivos para aceptar trabajos de corta duración).

La prestación, destacan CCOO y UXT, quedará definida como "dereito subxectivo" para blindar su cobertura en tiempos de ajuste presupuestario.

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