Pendiente de otro imputado el proceso contra una red de inspectores de Hacienda por intentos de extorsión

Fue el 15 de enero de 2019 cuando agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizaron la detención del funcionario de Hacienda, jefe de servicio en la Delegación de Vigo, Asdrúbal Casares García como presunto miembro de una red de cargos públicos que se dedicaban a la extorsión de empresarios en Galicia. Fue el titular del juzgado central de Instrucción de Santiago, Andrés Lago, quien activó el operativo en el que se vieron implicados el asesor fiscal Francisco González Pino y P.G.T., J.M.L.M., J.C.F. M.S.R. y M.A.R.P.

El funcionario de Hacienda, tras prestar declaración en sede judicial fue enviado a la prisión de Teixeiro donde permaneció encarcelado casi tres meses hasta que depositó una fianza de 80.000 euros que le permitió recobrar la libertad mientras que el asesor desembolsó 100.000 euros de fianza para no entrar en la cárcel coruñesa. Todos ellos fueron imputados.

Un año después la investigación continúa abierta a la espera de que el Ministerio Fiscal se pronuncie sobre un nuevo informe de la Guardia Civil, relativo a las conversaciones telefónicas realizadas desde unos números que estaban bajo sospecha y que afectan a otro inspector de Hacienda, que en el momento de los hechos denunciados era el superior inmediato de Asdrúbal Casares y cuya identidad responde a las iniciales J.M.L.M.

Esta persona compareció en los juzgados de Fontiñas como testigo de la causa pero durante el interrogatorio el juez decidió pararlo ante la petición de una de las partes para que pasara de testigo a imputado, tal y como uno de los afectados que, en una ampliación de querella presentada en ese mismo juzgado, pretendía que fuera investigado en este proceso. El magistrado acordó, antes de tomar una decisión, realizar unas pruebas complementarias para ver la existencia de la posible comisión de los delitos. El pasado 16 de diciembre, los investigadores de la Guardia Civil emitieron el informe y el juez Lago dio traslado al Ministerio Fiscal para que decida si procede o no la ampliación de querella que incluiría a J.M.L.M. como investigado. Fuentes de la Fiscalía reconocieron esta semana que el dictamen aún no está concluido aunque esperan remitirlo al juzgado compostelano en los próximos días.

Adicionalmente, Andrés Lago solicitó a finales de año diversos informes a la Agencia Tributaria. Uno relativo a expedientes tramitados por los dos inspectores en el punto de mira que afectarían a algunas de las empresas de los denunciantes y otro acerca del ámbito competencial de los funcionarios habida cuenta de que estaban destinados en Vigo y realizaron inspecciones a empresas de Santiago.

POLÉMICO CASO. Fue el 19 de mayo de 2016 cuando un conocido economista, asesor fiscal y contable con despacho en Santiago decidió que algunas de las actuaciones que estaban llevando a cabo tanto el inspector de Hacienda destinado en Vigo, Asdrúbal Casares García, como el resto de acusados. Sostenía que podía tratarse de una trama corrupta que operaba desde la Agencia Tributaria. Acudió al juzgado de guardia, que correspondía al número 3 de la capital gallega del que era titular Andrés Lago y allí se inició una compleja investigación por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental que llevan aparejado el de blanqueo de capitales.

El denunciante actuaba en nombre de uno de sus clientes, empresario del sector de la madera, tras las coacciones que estaba sufriendo esa empresa: los intermediarios del funcionario le exigían una importante cantidad de dinero, "a abonar en metálico", para arreglar los problemas fiscales que se le iban a venir encima.

La abogada que lo representaba, en declaraciones a EL CORREO, relató que "el inspector actuante (en relación a Asdrúbal Casares), mediante actitudes amenazadoras, para la empresa inspeccionada, para los administradores de la misma, y para el propio apoderado (el economista denunciante), hacía insinuaciones de que era conveniente alcanzar un acuerdo previo a la firma de las actas, para evitar que subieran hasta la cuantía de delito fiscal, manifestando que se le fijaría una oferta económica importante para lograr la regularización de la situación". "Actitud amenazante", añadía, "que perduraba hasta que aparecía un individuo que decía que venía de parte de otro que estaba enterado de los problemas y que tenía mucha fuerza en las altas esferas de la Administración y que podía lograr un acuerdo muy beneficioso". Este papel lo jugaba Francisco González Pino, el asesor fiscal de Vigo, en las reuniones que tenían lugar en Santiago.

AMPLIACIÓN DE QUERELLA. Una vez conocida la detención del funcionario de Hacienda, otros empresarios afectados se sumaron a la causa como acusación particular. Mención especial para Manuel Ferreira González, responsable máximo del Grupo Redcom de Vigo, quien había sufrido, según sus palabras, "una auténtica persecución" por parte de Casares que le llevo al cierre de varias de sus empresas a pesar de que en las distintas instancias judiciales siempre le dieron razón en sus sentencias.

Ferreira González pidió la ampliación de querella, se sumó a las acusaciones y pidió que se imputara también a otro funcionario público: el que era jefe directo de Asdrúbal Casares.

La Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria se personó en calidad de perjudicada y como acusación particular.