Toysal asegura que ha descartado valorizar residuos en la cantera teense de Casalonga

Toca y Salgado, la empresa que ostenta el derecho minero en A Casalonga (Teo), asegura que su único objeto pasa por explotar la cantera, y deja claro que, una vez que ha desistido “de aprovechar el hueco minero para la actividad de valorización de residuos”, sólo le mueve ese fin. De cualquier modo, avanza que ya ha encargado una caracterización de los residuos “ilegalmente abandonados” en la zona para exigir al Concello de Teo y a la a la empresa Residuos y Reciclaje de Santiago S “la correspondiente responsabilidad patrimonial”.

Así, Toysal recuerda que la Consellería de Economía, Emprego e Industria resolvió favorablemente en marzo de 2018 la solicitud de transmisión del derecho minero de la explotación, y que desde septiembre de 2018 les ha resultado imposible gestionar las labores de arranque y explotación de la cantera “por los sabotajes, señalizaciones ilegales y oposición del equipo de gobierno y policía local, aún fuera de su jurisdicción”.

Asimismo, estos industriales explican que desde el año 2005 “el Concello de Teo es conocedor de que la empresa Carballal de Residuos SL, compañía totalmente ajena a Toca Salgado, desarrollaba una actividad ilegal de vertedero en las parcelas colindantes, pero no es hasta 15 años después, el 23 de junio de 2020, cuando la Concejalía de Urbanismo de ese mismo Concello ejerce por fin sus competencias y dicta una resolución por la que se acuerda el cese inmediato de esta actividad ilícita”. Tras ello, el 30 de octubre de 2020, la Policía Local precinta dichas instalaciones, donde a lo largo de” esos 15 años de mirar hacia otro lado se depositaron más de 210.000 M³ de todo tipo de residuos en lo que es un vertedero, como reconoce un informe topográfico encargado por el mismo Ayuntamiento”.

A su vez, el Ayuntamiento de Teo acaba de remitir a la Consellería de Economía un escrito en el que solicita copia del plan de restauración que se está tramitando para esa concesión minera, toda vez que esta petición ya se realizó previamente, pero sin éxito. Por eso, el Concello ha decidido optar por la vía judicial en caso de que el Ejecutivo gallego no atienda la solicitud municipal, impugnando judicialmente la modificación del Plan de restauración de 1998 que aseguran está realizando Toysal por considerar que no se ajusta a la legalidad. El argumento es que no considera legítimo que la Xunta tramite como una simple “adaptación” un plan de restauración elaborado hace 23 años y que, además, cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental “obsoleta” aprobada hace casi dos décadas y que además se refiere a una explotación que debe ser objeto de adecuación a las disposiciones del RD 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos mineros y protección y rehabilitación del espacio minero.