El problema no está en ‘los más ricos’

ha abierto definitivamente Pedro Sánchez, con escaso tacto, el indigesto melón de la subida de impuestos. Lo hace en un momento delicadísimo y sin posibilidad de tejer consensos sólidos en este asunto, una patata caliente que quema las manos de cualquier Gobierno. No engaña a nadie el presidente, es cierto, porque la reforma fiscal está contemplada en el pacto con Unidas Podemos, pero la pandemia del coronavirus lo ha puesto todo patas arriba y aconseja acomodar la hoja de ruta a dos premisas razonables: no hacer experimentos con las cosas de comer y no liarse la manta a la cabeza con decisiones unilaterales. Al Ejecutivo de coalición le aprieta, y mucho, el zapato de la onerosa factura que engorda cada día de crisis, y quiere aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para activar el impuesto a las grandes empresas y a los ricos, con la excusa de que mejorará la recaudación. No se trata de poner en cuestión la necesidad de incrementar la progresividad del IRPF en un país cuya presión fiscal está siete puntos por debajo de la media de la eurozona, y que recauda un 40 % menos que Francia y un 17 % menos que Alemania. De lo que se trata, sí, es de abordar esa reforma desde el diálogo y el sentidiño, no manu militari. Colocar en el centro de la diana fiscal a los más ricos y a las grandes corporaciones, en un clima de demonización que Pablo Iglesias y su gente ni siquiera se cuidan en disimularlo, no es justo ni útil para taponar la sangría de Hacienda. No se puede meter todo en el mismo saco cuando, por ejemplo, la presión fiscal sobre el impuesto de sociedades en España es un 16 % superior a la media de la UE; o cuando el umbral máximo de referencia del IRPF ronda el 45 % y se aplica a rentas superiores a los 60.000 euros, mientras en Alemania y Francia el tipo marginal máximo afecta a las rentas por encima de los 250.000 y los 150.000 euros, respectivamente. Lo que pretende el Ejecutivo español, por lo que vamos sabiendo, es aumentar los impuestos dos puntos a las rentas por encima de 130.000 euros y cuatro puntos a las que superen los 300.000 euros. El aumento de la recaudación rondaría los quinientos millones, apenas una gota en el océano y con un impacto apenas perceptible: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que la caída de la recaudación pública en España podría llegar este año a los 46.000 millones de euros –casi un 4 % del PIB– por el brutal impacto de la pandemia en la economía. Ahí está el problema, no en las grandes fortunas ni en las empresas. Por eso Antonio Garamendi, líder de la patronal, le pidió ayer a Sánchez, frente a frente, que aparque su plan de subida de impuestos. No es el momento.