Rueda da una vuelta más a la ruleta de la fiscalidad

Rebajar un impuesto no es una decisión que se tome a la ligera. No es posible que el presidente de una comunidad autónoma se levante un día inspirado y lo anuncie así, sin más, como quien da los buenos días a sus conciudadanos desde un programa de radio o un medio de comunicación cualquiera por una jornada más en la oficina. No. Tomar la decisión de rebajar un impuesto implica un trabajo previo de largas semanas de análisis y estudios tanto de los números como de las consecuencias políticas que tal determinación pudiera conllevar. Tiene que ser así porque, de lo contrario, estaríamos ante gobiernos abandonados a la irreflexión que se toman de modo informal su crucial labor ejecutiva. Aclarado esto, resultaría un tanto infantil que nos intentasen negar la existencia de una motivación correlativa entre los anuncios de rebajas en el impuesto del patrimonio realizados por el presidente andaluz, Juanma Moreno, el pasado lunes, y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ayer mismo. De la misma manera que a estos dos últimos casos de relajación de la presión fiscal le es ajeno la histórica bajada general de impuestos proclamada por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el último día del pasado agosto. Todos los presidentes de autonomías del Partido Popular reduciendo impuestos en cascada indica bien a las claras la intención de esta formación política conservadora que lidera Alberto Núñez Feijóo de contrarrestar los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de subir impuestos a las grandes fortunas, a los bancos y a las eléctricas para subvencionar la vida a los ciudadanos en vez de permitirles que puedan disponer por ellos mismos de una mayor cantidad de dinero en sus bolsillos. Alfonso Rueda, que el jueves aseguró que no permitirá que nadie, ni siquiera Feijóo le marque el camino de su política fiscal –“Podrá dar su opinión, pero no instrucciones”–, adelantó ayer que su Gobierno efectuará una rebaja de hasta el 50 % –ahora está en el 25 %– en el impuesto de patrimonio. En la práctica, la medida supondrá que los ciudadanos se ahorrarán 34 millones de euros, pero no todos, pues sólo les afecta a 7.000 contribuyentes. La polémica está servida, ya que la oposición critica con dureza tanto el descuento la como la inoportunidad del momento elegido para su aprobación. La guerra por la fiscalidad continúa.