Algo es algo
DADA la tradicional falta de respeto a las instituciones constitucionales de los dos grandes partidos nacionales es un avance hacia la normalidad que finalmente el PP muestre su disposición a la renovación de aquellos que tienen a sus integrantes con el mandato caducado desde hace meses e incluso años. Sin embargo, se vuelve a poner de relieve que cuando un partido habla de despolitización de determinadas instituciones y al mismo tiempo mantiene su bloqueo por intereses partidistas son estos los que prevalecen hasta que la situación se hace insostenible. No hay ninguna posibilidad de acuerdo sin el concierto de PSOE y PP que suman más de los tres quintos de los escaños necesarios para realizar los nombramientos de los integrantes de esos organismos.
La oferta de Pablo Casado de proceder a la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que van a cumplir dos años con el mandato caducado, la renovación de los integrantes del Tribunal de Cuentas, que acaban de terminar su mandato y la del Defensor del Pueblo, con el actual en funciones desde tiempo inmemorial, ha sido acogida por el Gobierno con los brazos abiertos a pesar de que no incluye la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que sigue sometido al cordón sanitario del PP.
“Bienvenidos al cumplimiento de la Constitución, aunque sea en parte”, ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Algo es algo, ha debido pensar el Gobierno, para recuperar la normalidad institucional, y ahora es preciso ponerse a negociar. La renovación de los magistrados del TC no va a alterar la mayoría conservadora con que cuenta en la actualidad, si acaso la va a acortar dado que saldrán dos magistrados adscritos al sector conservador y dos al sector progresista.
Con la renovación del Defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal de Cuentas se verá hasta dónde llega la voluntad de acuerdo del PP y cuáles son sus exigencias respecto a los nombres, y si acepta que tras las elecciones generales de 2019 debe compaginar el uso de la minoría de bloqueo con el cumplimiento de los usos políticos de los que se beneficia.