de la fecha

EL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a los recurrentes que solicitaban que las elecciones catalanas se celebraran en la fecha inicialmente prevista, el 14-F, cuando fueron convocadas por el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, y han anulado el decreto que pretendía que se celebrarán el próximo 30 de mayo. En esta ocasión todos los actores judiciales que tenían que intervenir en este proceso se han dado prisa para facilitar la decisión de los jueces que también han actuado con rapidez: no tenía sentido esperar hasta cuando la campaña electoral se encontrase ya en su ecuador.

Que había una confrontación política por la fecha de las elecciones es una evidencia. Todos los partidos han tratado de arrimar el ascua a su sardina en función de su análisis de situación. Aquellos partidos que pueden verse perjudicados por la confirmación de la fecha han comenzado una nueva ofensiva que tiene que ver con el resultado que arrojen las urnas, la deslegitimación del resultado si no llega a serles favorables, por el hecho de que se vote en plena pandemia y con un alto grado de contagios. Es previsible un descenso acusado de la participación desde el 80% de las elecciones de 2017, celebradas bajo el paraguas del articulo 155 de la Constitución, que marca un máximo de asistencia a las urnas. Y deslegitimación es sinónimo de inestabilidad, de que puedan contar con un nuevo elemento que sustente el victimismo. Las elecciones vascas y gallegas, celebradas con pandemia, pero recién acabado el confinamiento general tuvieron una abstención muy acusada.

El Centro de Estudios de la Generalitat intervino para calmar las aguas y señalar que si se cumplen sus previsiones todo seguirá como estaba previsto hace unas semanas, con ERC como ganadora, JxCAT disputándole la primogenitura del independentismo y con Illa menos fuerte que en el CIS.