Borrachera normativa
RINDIENDO cuentas del periodo de sesiones que acaba de echar el cierre vacacional, el Parlamento gallego y sus miembros se felicitan por lo que entienden un dinámico periodo de sesiones que, a efectos del administrado, se condensa en nueve proyectos de ley aprobados, además de otras cinco proposiciones de ley.
Entre tan abundante producción legislativa resulta irónico que una de las normas refrendadas se refiera a la “Simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia” que apuesta por evitar duplicidades y reducir la burocracia en la tramitación de proyectos. Y lo hace desde la nada despreciable cuantía de setenta folios que vienen a corroborar o bien la afición parlamentaria por la indigesta legislativa o, sencillamente, tratan de poner orden en el ya desmedido bagaje de preceptos existentes. Que en la exposición de motivos apunten a la eficacia del proyecto Cora, continuador de las conocidas como leyes “ventana” y “ómnibus”, con idéntico propósito y compartido fiasco, sitúa a los promotores de la ley en el limbo de la más absoluta ingenuidad o ignorancia.
Como a las autonómicas hay que sumar las normas provenientes de Europa, del Gobierno central, de las diputaciones y aún los municipales, al final se llega a la aberración de una Administración pública que solo en un año, 2018, llevó al BOE y a los boletines autonómicos la nada despreciable cifra de casi un millón cuarenta mil páginas, según el informe Producción normativa 2019. Por eso el Informe de Competitividad Mundial del World Economic Forum, del mismo año, sitúa a España en el puesto 114 entre 141 países a la hora de valorar el nivel de carga que supone para las empresas y administrados en general tener que cumplir con toda la regulación existente.
Consciente de la ingobernabilidad a que está conduciendo tal incontinencia, la propia UE sigue, desde el Tratado de Ámsterdam, proponiendo protocolos para su reducción, consejo que dista de cumplirse ante el registro de casi 300 nuevas normas jurídicas que Europa registra cada mes y pese a que, según estimaciones de la propia UE, una reducción de dicha carga administrativa en su vertiente económica incrementaría el PIB comunitario en un 1,5 %, es decir, 150.000 millones de euros que se despilfarran por esa absurda borrachera normativa.
Como ni el propio legislador alcanza a conocer tal bagaje de leyes se llega a la paradójica situación de que muchas, dentro de la Comunidad gallega, no solo se superponen sino que son contradictorias entre sí, con lo que la locura del administrado llega a cotas máximas a la hora de hacer valer sus derechos desde una impuesta Administración digitalizada más próxima al delirium tremens que a la eficacia administrativa. Pero esto será tema para otro día.
Eso sí, la norma aludida más arriba cumple su tarea de reactivación del empleo en la necesidad de expertos para gestionar con la Administración y en funcionarios que le den cobertura.
Volviendo al inicio, los parlamentarios gallegos comenzarán a granjearse el beneplácito del ciudadano y a merecer un bien ganado sueldo cuantos más pasos avancen en ir puliendo, desbrozando y sintetizando las leyes de una Administración tan hiper-inflaccionaria en normas y recursos humanos como ineficiente y laberíntica.