El poder judicial y la política

A Montesquieu se debe la teoría de
la separación de Poderes en el mar-co de un Estado de Derecho y es evidente que debiera resultar suficiente para mantener el adecuado equilibrio entre ellos. Sin embargo, la ple-na asimilación de esa teoría por par-te de algunos estados –y el español entre ellos– parece que se hace du-
ra de entender y, sobre todo, de llevarla a la práctica.

Se está viviendo ahora mismo en nuestro país el fenómeno de que, tal vez por una desorbitada actitud del primer partido de la oposición, el Partido Popular, y por una no menos interesada postura de varios de los partidos que conforman el actual Gobierno o lo apoyan se esté tratando de producir un cambio sustancial en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

No parece que ese propósito reformador llegue a tener mucho recorrido, pero resulta oportuno llamar la atención de nuestra clase política en su conjunto para que, más allá de sus legítimos intereses de partido, piense en el servicio que está llamada a prestar al Estado Social y Democrático de Derecho que los españoles nos dimos con la Constitución del año 1978.

Aun cuando hay algún precedente aislado, no es de recibo que uno de los órganos que configuran políticamente al actual Estado español lleve casi dos años en situación de prórroga en el ejercicio de las importantes funciones que le son propias y que para zanjar esta situación haya de recurrirse a cambios legislativos, de muy dudosa constitucionalidad.

Se impone, por tanto, el que to-
dos los sectores políticos implicados en este esencial problema actúen más allá de sus legítimas diferencias y aporten una solución constitucionalmente apropiada.

Esto es lo que espera el pueblo de quienes legítimamente les repre-
sentan y, al respecto, es de recordar, como lo acaban de hacer tres asociaciones judiciales en un manifiesto, las Recomendaciones del Grupo de Es-tados contra la corrupción del Consejo de Europa.