El tamaño sí importa
LAS pequeñas y medianas empresas en España concentran una proporción muy elevada de los ocupados totales en comparación con los países de la UE (10 p.p .más), cuando el valor añadido que generan es entre un 20 y un 30 % inferior. Uno de los motivos que ayuda a explicar el excesivo minifundismo empresarial son los costes que le suponen a las empresas pasar de 49 a 50 trabajadores. Cruzar este umbral conlleva la obligatoriedad de constituir un comité de empresa; esto implica, además, una mayor burocratización y fiscalización de cualquier tipo de estrategia empresarial; a mayores se exigen cupos mínimos para personas con discapacidad o la elaboración de planes de igualdad. Incluso, las cotizaciones a la Seguridad Social de los ERTE están notablemente más bonificadas para las empresas con menos de 50 trabajadores. Las normativas contable y fiscal también se hacen mucho más onerosas.
El resultado es que el número de empresas con 49 trabajadores es un 62 % superior al esperable. Los costes son notables. Por ejemplo, en Francia, con una regulación similar, la pérdida de PIB asociada a estos umbrales normativos en función del número de trabajadores asciende al 3,4 %, debido a que las empresas pequeñas son menos productivas e innovadoras.
Este tipo de normativa se justifica por los beneficios sociales que producen, al compensar fallos de mercado (asimetría de información y poder de negociación de las grandes empresas). Sin embargo, tal y como concluye Benito Arruñada en un reciente trabajo publicado por FEDEA, la lógica de esta regulación es que genera apoyos políticos en las excepciones, por lo que la actuación en base al “interés general” no estaría justificada.
Por ejemplo, es llamativo comprobar como, teniendo uno de los mercados laborales más rígidos de los países desarrollados, los servicios del hogar cuentan con una regulación en materia laboral prácticamente libre, con menores costes de despido y con una menor necesidad de su justificación. La hipótesis que plantea el autor es que las políticas de tipo redistributivo tienen éxito y aceptación cuando es mayor el poder político de los potenciales beneficiarios, sin embargo, en el caso del servicio doméstico, el número de empleadores es mayor que el de los empleados, además de que reguladores y jueces son parte interesada al formar parte, en muchos casos, del primer grupo.
Excepciones de este tipo también son encontradas en el mercado del alquiler (los arrendadores particulares gozan de ventajas frente a empresas arrendadoras) o costes por cese de actividad (mucho mayores en empresas societarias que para empresarios individuales).
En definitiva, el tamaño de nuestras empresas importa y mucho para lograr una economía más productiva. Sin embargo, a la clase política parece importarle más el tamaño del apoyo político.