Indecencia política
EN cualquier país del mundo en donde la tasa de desempleo sea, de manera estructural, de un 17%, y la temporalidad de alrededor del 25%, haría sonrojar a la clase política. Esas cifras se corresponden con la realidad del mercado de trabajo de España, y por eso no es de extrañar que la Comisión Europea haya puesto como condición para acceder a los fondos NGEU una reforma laboral que mitigue los problemas crónicos del empleo en nuestro país.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, consiguió lo que parecía imposible, un acuerdo entre CEOE y los principales sindicatos, CCOO y UGT. Lo pactado dista mucho de las promesas de derogación de la reforma laboral aprobada en 2012 por el PP, de hecho, en cierto modo, le dan la razón, ya que solo modifica lo relativo a la ultraactividad. Es un buen punto de partida, pero no de llegada.
Ni todos los trabajadores ni lo intereses empresariales están representados en su totalidad con lo pactado por Gobierno, patronal y sindicatos. Hay que recordar que CCOO y UGT en todo caso negocian en nombre de sus afiliados (2 millones), es decir, el resto de los 18 millones de ocupados, además de las personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, pueden tener otras preferencias distintas. La patronal catalana y la madrileña, así como la del sector de campo y la del automóvil han rechazado el acuerdo.
Por lo tanto, parece razonable ampliar la base de apoyo en el Congreso de los Diputados. Empero, el Ejecutivo, olvidando de que estamos en una democracia parlamentaria, ha aprobado la reforma laboral vía Decreto-ley y pretende que las Cortes lo validen sin cambiar una coma. Bienvenidos al régimen corporativista.
Pero la oposición tampoco lo está haciendo mucho mejor. El plan del PP es obligar a que el Gobierno pacte con Vox. Curiosa forma de defender los derechos de los trabajadores. Es cierto que su reforma laboral no fue mala, pero sirvió como mecanismo de ajuste para recuperar el empleo perdido durante la Gran Recesión, no para resolver los problemas estructurales del mercado laboral.
Los socios de investidura continúan a lo suyo, a saber, volver a convocar la mesa de diálogo y que se primen los convenios autonómicos. Medidas insustanciales que solo sirven para colmar los deseos nacionalistas. Ya saben, primero la nación, el trabajo viene después.
Para ser justos, Ciudadanos es el único partido que está a la altura ya que está abierto a negociar “por responsabilidad”.
La próxima vez que escuchen a un político hablar de lo importante que es el empleo en nuestro país y lamenten la precariedad y la elevada tasa de paro, no se lo tomen en serio. Si de verdad fuese cierto, no estarían actuando con la indecencia que lo están haciendo con un tema tan serio como la reforma laboral.