Las órdenes de los ministros

ME ha llamado la atención que en la profusión de órdenes ministeriales que estos días inundan el BOE, se indica en las mismas que pueden ser impugnadas ante la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Pues bien, se trata de un error imperdonable que hay que achacar a quién corresponda la supervisión jurídica de estas decisiones ministeriales.

Y, me explico, atento lector. Como es sabido, el mando único del estado de alarma se ha concentrado por el RD463/20020, en el Gobierno y en determinados ministros delegados de dicho mando único. La ley de régimen jurídico del sector público establece que cuando se dicta una orden por delegación, esta se considera dictada por el órgano delegante.

Es decir, si nos encontramos con una orden del ministro de Sanidad –que es el ministro cabecera de la crisis covid-19– como miembro también delegado de ese mando único, hay que entender dicha orden dictada por el Gobierno.

Y ahí es donde radica el error, puesto que la competencia para conocer los actos del Gobierno en su conjunto (consejo de ministros) no corresponde a la Audiencia Nacional, sino que está atribuida al Tribunal Supremo.

Parece que el Gobierno no atiende a la máxima aristotélica de que son muchas las maneras de errar, pero solo hay una de acertar. Ahora bien, me extrañaría que los ciudadanos más directamente afectados, empresarios de hostelería o propietarios de pequeños comercios, emprendieran la aventura de impugnar ante los tribunales alguna de estas órdenes ministeriales.

En cualquier caso, queda avisado el letrado que fuera contratado para llevar el pleito: no haga caso de la indicación oficial a la hora de llamar a la ventanilla donde registrar el recurso, porque se pude encontrar con la desagradable sorpresa de una inadmisión por falta de competencia.