Lawfare

CON esta expresión inglesa se habla de guerra jurídica o guerra judicial, cuyo uso se ha generalizado a partir de la primera década del siglo XXI, para referirse al uso abusivo de los procedimientos legales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra un determinado asunto o personaje.

Tenemos algún ejemplo en la actualidad de lawfare en la instrucción del juzgado 51 de Madrid, que tantas consecuencias políticas ha desatado. Veamos, se trata de una denuncia de un particular que creyó ver miles de homicidios imprudentes y prevaricación en las autoridades delegadas que autorizaron las manifestsciones con motivo del 8 de marzo. La jueza del caso rechazó las imputaciones de homicidio y siguió adelante con la prevaricación, solicitando a la Guardia Civil el informe de marras.

Esta guerra jurídica se ha montado con un armamento muy endeble. Primero, porque es jurídicamente muy difícil encajar en la prevaricación administrativa un acto positivo de la autoridad que se limita a constatar las circunstancias materiales para el ejercicio de un derecho fundamental; y, es prácticamente imposible acreditar la existencia de dolo (intencionalidad) en la actuación del delegado del Gobierno en Madrid.

El juez tiene la obligación de rechazar pretensiones de denuncias que carecen de absoluto fundamento penal, como es este caso.

No puede un juez o una jueza empezar una guerra legal (lawfare) por su cuenta, contra un enemigo imaginario: corre ella o él el riesgo de cometer el delito que aparentemente esta persiguiendo.