Obras honran palabras

EL Gobierno de coalición ha cumplido su promesa de aprobar el llamado Ingreso Mínimo Vital, lo que se corresponde con su condición de progresista. Una medida que repara en parte una injusticia y contribuye a recuperar la economía paralizada por el coronavirus.

Para demostrar su urgencia, baste con recordar que el pleno empleo es un objetivo inalcanzable en un mundo donde el desarrollo tecnológico ha conseguido que las máquinas sustituyan a los hombres, lo que se traduce en destrucción masiva de puestos de trabajo y en tornar precarios y mal pagados a los que no exigen especial cualificación. Resultado: aumento de las desigualdades y la pobreza que lleva a la exclusión social, pandemias para las que sí existe tratamiento.

Orillando las exigencias de orden moral, mantienen los detractores del IMV que se trata de una medida que desanima a los desempleados de buscar curro al tener cubiertas sus necesidades básicas, lo que equivale a subvencionar la vagancia crónica. Argumento que no supera la piedra de toque: en el mejor de los supuestos, su cuantía da para evitar la mendicidad pero no para desarrollar un proyecto de vida con alicientes de no contar con otras ayudas.

Se silencia en el debate sobre el particular que la estabilidad de la economía, amenazada por la acumulación de la riqueza en cada vez menos manos y el estancamiento de las rentas del trabajo, no puede garantizarse sin un reparto justo de aquella. La razón es palmaria incluso para el lego: si la mayoría de la población carece de ingresos regulares suficientes, disminuirá la demanda de bienes y servicios que hacen viables a las empresas que los producen y entramos en la recesión.

Ceguera incivil es lamentar lo que cuesta la solidaridad: un Estado que se define como social tiene que mirar por las víctimas de las estructuras de la codicia asegurándoles los medios para llevar una vida que sea más que sobrevivir. Si hay para armas, también para lo esencial.