¿Otro ‘Prestige’? No, gracias
SIN duda, la mejor lección que veinte años después podemos sacar de la catástrofe provocada por el hundimiento del Prestige fue la respuesta solidaria de la sociedad civil, en especial de los miles de voluntarios que ayudaron de manera ejemplar a paliar los efectos de la incomensurable marea negra. A partir de ahí y con la perspectiva del tiempo pasado es fácil encontrar luces y sombras, tanto a cargo de los gobernantes de turno como de la oposición, nucleada esta en la plataforma Nunca Máis. La autoridad política, entonces en manos de Aznar y Fraga, defendían el alejamiento de tierra y su gestión mientras que des-de enfrente se anunciaba el apo-
calipsis ambiental sobre una cos-
ta que nunca se recuperaría, llegando a considerar al capital del bar-co una víctima más, casi un héroe.
Dado que ambas eran partes interesadas las valoraciones de una y otra tienen escaso valor probatorio. Interesa más la verdad judicial, que estableció pérdidas económicas cifradas en más de 4.000 millones de euros de los que muy pocos, menos de 200, fueron recuperados, y otros siguen reclamándose a aseguradoras aunque con pocas expectativas. La justicia también encontró un único culpable, el capitán, por desobediencia a las autoridades españolas. La pena fue mínima, 9 meses de prisión, de los que había pasado ya tres con carácter preventivo, y no volvió a la cárcel.
Las grandes catástrofes en las costas gallegas se venían produciendo, hasta la del Prestige, con frecuencia periódica. Por estas mismas fechas (5 de diciembre de 1987) de hace 35 años embarrancaba el Cason en Fisterra, Murieron 23 personas, y el recorrido de los bidones explosivos por toda Galicia generó un pánico nunca antes visto en la población. Sus efectos, sin duda, fueron mucho más graves que los de cualquier otro accidente marítimo, salvo que alguien defienda que la vida de una persona no tiene valor incalculable.
Tras el Prestige no hubo casos similares en Galicia. De algo valdrían las medidas tomadas (doble casco, alejamiento de la costa...) aunque falten otras por ejecutar. Y si queremos ver la botella medio llena, la costa se recuperó en pocos años. Ahí tenemos el parador de Muxía, el Puerto Exterior o el Plan Galicia por acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el 24 de enero de 2003 en A Coruña. No olvidemos tampoco el impacto económico de las ayudas en algunas zonas, que llevó a más de uno a desear otro Prestige. Ni los réditos políticos extraídos, reflejados en aquella frase que se le escapó a un diputado socialista madrileño poco antes de la victoria de Zapatero: “Nos sobran votos, pero si hace falta hundimos otro barco”.
¿Otro Prestige? No, gracias. Por nada del mundo.
SI, como figuraba en sus compromisos, el Gobierno hubiera derogado o modificado los artículos del Código Penal relativos a la sedición en otro momento, digamos que hace un año por ejemplo, nada había que objetar. El debate sería sobre el fondo del asunto, no de los motivos por los que ahora se aborda, de manera apresurada y buscando una tramitación que soslaye la opinión cualificada de los órganos consultivos del Estado como sería obligado si partiera del Gobierno en lugar de presentarla quienes lo forman a través de sus grupos parlamentarios. Dado el tiempo y forma en que se deroga este delito es de cajón deducir que Sánchez cede a la presión de los independentistas con el objetivo de lograr su apoyo a los presupuestos del Estado y que rebajen el tono contra el ministro Marlaska por los muertos en territorio español de Melilla, ambas cuestiones necesarias para sentirse fuerte cuando le toque medirse dentro de un año con Feijóo. El PSOE, más por debilidad que por convicción, asumió el relato del independentismo sobre desjudicializar la política, cuando lo que se está produciendo es lo contrario: se trata de politizar la justicia asumiendo el poder ejecutivo las funciones del judicial. Las sentencias se revocan con indultos y las leyes se cambian con efectos retroactivos sobre condenas por delitos cometidos por gobernantes. Por determinados gobernantes.
DESDE siempre, o sea desde que recuerdo, es práctica muy arraigada en la clase política tratar de hacernos creer que el dinero que reparten en ayudas y subvenciones depende de una decisión personal movida por la generosidad. Los poderes públicos tienen la obligación de hacer un buen uso de los recursos que aportan los ciudadanos con los impuestos para mejorar sus condiciones de vida. Entre las acciones para conseguirlo están las ayudas y subvenciones, aunque la mejor política sería la que no las hiciera necesarias y todo el mundo pudiera valerse por si mismo. En los últimos tiempos, por causas diferentes y algunas justificadas, se intensifican las entregas de vales o bonos para la adquisición de todo tipo de productos, ya sean en el ámbito de la cultura, el ocio y el comercio en general, que en la propaganda no se recatan en señalar quién los otorga con obvio objetivo de que en el subconsciente visualicemos la imagen de tan magnánima sigla o persona que la encarna. En el caso de Santiago, que no es único, el ayuntamiento puso en marcha los Bonos Corazón para atender situaciones y sectores concretos a raíz de la pandemia, por las interminables obras en Concheiros y la crisis de la plaza de Abastos. Ahora vuelven de nuevo. Bienvenidos, pero debieran cambiar de nombre. Estamos a medio año de las elecciones. ¡Pongan urnas todos los meses!