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¿Qué pasa con la competencia fiscal?

    • 16 dic 2020 / 00:00
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    SI nos ponemos en modo teórico, aun sin poder emular, ni remotamente, a los nuevos tratadistas de andar por casa, que pontifican sobre fiscalidades varias, tendríamos que empezar diciendo que los modelos de competencia fiscal, estudian las interacciones de esa naturaleza, consecuencia de la movilidad de las bases imponibles, inducidas por las diferencias en los tipos impositivos entre jurisdicciones, es decir, niveles de gobierno. Cuando este fenómeno está presente, la reducción de ingresos provocada por esa estrategia redundará en una oferta subóptima de bienes colectivos. ¿Por qué?

    De manera aislada, aún tendría un pase, pero desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, no parecería una elección muy juiciosa: todos compitiendo entre sí para volverse más atractivos, por la vía de la reducción impositiva, acabarían llevando a una pérdida de bienestar. Para los que temen al Leviatán gubernamental, este modelo ayudaría a reducir su tamaño, por lo que la competencia fiscal sería buena, mientras que para otros sería mala, porque acabaría por erosionar los ingresos públicos y, en vez de un círculo virtuoso, se originaría uno vicioso.

    Dicho lo anterior, ¿qué ocurre en España? Pues el Impuesto sobre el Patrimonio, ahora en el punto de mira, es un tributo cuyo rendimiento está cedido a las CCAA, que pueden asumir competencias sobre el mínimo exento, tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones de la cuota. Por cierto, impuesto baqueteado, transitorio, permanente, suprimido, recuperado, en fin, manoseado y siempre disponible para mucha demagogia y escasa recaudación. Es decir, hoy se discute con razón su papel progresivo, su influencia en la eficiencia o su rol como complementario del tributo sobre la renta, ya que las administraciones fiscales saben latín, por no entrar en más profundidades, como sería su incidencia económica.

    Por algo será que muy pocos países mantienen esta imposición, con independencia del color de sus gobiernos. Y en España, aplicando la ley y su santa voluntad, Madrid bonifica el 100 % y La Rioja el 75, por ejemplo. Su aportación a la reducción de la desigualdad es testimonial, si acaso. Probablemente genere movimientos ineficientes de riqueza, aunque menos de los que se suponen, apareciendo, pues, competencia fiscal a la baja. Y ahora la pregunta: ¿es nuestro cuasi-federalismo, competitivo o cooperativo? Pues si ha de ser cooperativo, como ahora parecen demandar los más excluyentes, que se pongan de acuerdo. Y que reformen la ley.

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